El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió en La Paz que quienes utilicen dinamita u otros explosivos en manifestaciones serán sancionados con penas de cárcel. El anuncio se produjo tras una serie de protestas con bloqueos de carreteras y detonaciones en el centro político del país, y busca restablecer el orden público en medio de una crisis económica y energética que tensiona la relación entre el Gobierno y organizaciones sindicales históricas.

Las movilizaciones se intensificaron luego de la aprobación del Decreto 5503, que eliminó una subvención a los combustibles vigente desde hace veinte años. El conflicto escaló el 22 de diciembre, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones campesinas iniciaron bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Estas organizaciones, tradicionalmente alineadas con los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, rechazaron el cambio en la política de precios y denunciaron una supuesta apertura de sectores estratégicos al capital extranjero, una interpretación que el Ejecutivo negó.

Durante las protestas, mineros estatales detonaron dinamita y lanzaron explosivos contra agentes antidisturbios en la plaza Murillo, sede del Gobierno y del Parlamento. Paz reconoció el derecho constitucional a la protesta, pero sostuvo que ese derecho tiene límites cuando se pone en riesgo la vida de las personas. En ese marco, equiparó el uso de dinamita con prácticas de corrupción, al considerar que provocan daños al país y debilitan el Estado de derecho.

El uso de dinamita tiene una larga tradición en el sindicalismo minero boliviano, aunque su peligrosidad ha sido objeto de debate público. Según verificaciones locales, no existe una regulación específica que habilite su utilización en protestas, pese a intentos legislativos previos para establecer restricciones.

El conflicto comenzó a desactivarse tras la abrogación del Decreto 5503 y la aprobación de una nueva norma que mantuvo la eliminación del subsidio, pero dejó sin efecto otros artículos cuestionados por los sindicatos. Los bloqueos, que paralizaron el país y generaron pérdidas millonarias, se levantaron entre el domingo y el martes posteriores al acuerdo, formalizado en el Decreto Supremo 5516.

En paralelo, el Gobierno declaró el miércoles 14 de enero una emergencia energética y social, en un contexto de inflación acumulada del 20,40% en 2025, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. Para enfrentar la situación, el Decreto Supremo 5517 habilitó de manera temporal a actores privados a importar y comercializar derivados del petróleo, siempre que cuenten con capacidad de almacenamiento. La norma también excluyó transitoriamente al diésel de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de garantizar el suministro a sectores estratégicos.

Según datos de la agencia EFE, la normativa previa había fijado precios de 6,96 bolivianos (USD 1) para la gasolina especial, 11 bolivianos (USD 1,58) para la premium y 9,80 bolivianos (USD 1,40) para el diésel, lo que implicaba aumentos de hasta 162% respecto de los valores subvencionados durante dos décadas.

El endurecimiento del discurso oficial sobre las protestas anticipa una etapa de mayor control sobre las movilizaciones, mientras el Gobierno busca implementar cambios estructurales en el esquema de subsidios y asegurar el abastecimiento energético. En el corto plazo, la efectividad de las nuevas disposiciones dependerá de su aplicación y de la capacidad del Ejecutivo para contener el malestar social en un año marcado por la presión inflacionaria y la fragilidad de las cuentas externas. A mediano plazo, el desafío será equilibrar el derecho a la protesta con la estabilidad institucional y la continuidad de los servicios básicos.

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