La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez afirmó anoche que Nicolás Maduro continúa siendo el presidente del país, pese a encontrarse bajo custodia de Estados Unidos, y anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación junto con el envío al Tribunal Supremo de Justicia de un decreto de conmoción exterior. El pronunciamiento busca sostener la continuidad institucional en un escenario de alta tensión política y jurídica.

La declaración se produjo horas después de que Washington confirmara la captura y traslado de Maduro fuera de Venezuela, donde enfrenta cargos federales. Ante ese hecho, el oficialismo venezolano recurrió a los mecanismos previstos en su arquitectura institucional para responder a lo que define como una agresión externa. El decreto de conmoción exterior, firmado con anterioridad, había sido presentado como una herramienta para ampliar facultades del Ejecutivo frente a amenazas internacionales, aunque su contenido no fue difundido en detalle.

La ratificación de Maduro como jefe del Estado apunta a preservar la cadena de mando y la cohesión del aparato político y militar. Sin embargo, la ausencia física del presidente introduce incertidumbre sobre la ejecución efectiva de las medidas previstas en el decreto y sobre quién asumiría decisiones operativas. Para la oposición y para actores internacionales, el episodio profundiza el debate sobre la legitimidad del poder en Caracas y sobre el alcance del derecho internacional en la detención de un exmandatario en ejercicio.

En lo inmediato, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto y definir su implementación. En paralelo, la evolución del proceso judicial en Estados Unidos y eventuales contactos diplomáticos marcarán el rumbo de una etapa inédita para Venezuela, con impactos potenciales en la gobernabilidad interna y en la relación con los países de la región.

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