Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán hoy ante un juez federal en Nueva York para ser notificados formalmente de las acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La audiencia marca el inicio procesal del caso y abre una etapa judicial con impacto político y diplomático en la región.

Maduro y Flores fueron detenidos el sábado 3 de enero en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y trasladados de inmediato a Nueva York, donde permanecen bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Las acusaciones se remontan a marzo de 2020, cuando fiscales federales imputaron al entonces presidente venezolano y a otros altos funcionarios por presuntos vínculos con el denominado Cartel de los Soles, una estructura señalada por facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos mediante rutas internacionales.

La causa representa un hecho inédito: por primera vez, un ex jefe de Estado venezolano enfrenta de manera directa a la justicia penal estadounidense por delitos graves. El expediente incluye cargos de conspiración para importar cocaína y narcoterrorismo, una figura que combina el tráfico de estupefacientes con el uso de violencia o estructuras armadas. En el caso de Cilia Flores, la fiscalía la ubica como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas, con antecedentes que incluyen la condena en 2017 de dos de sus sobrinos en Nueva York por narcotráfico. Para Washington, el proceso refuerza la estrategia de judicialización del núcleo del chavismo más allá de las sanciones económicas.

La audiencia inicial no implica un juicio ni la evaluación de pruebas, pero será clave para definir si el juez ordena prisión preventiva, fija un calendario procesal y establece las condiciones del acceso a la evidencia. La defensa podría cuestionar la jurisdicción estadounidense y el estatus de Maduro como ex mandatario, un punto que la fiscalía considera superado tras su salida del poder. Se espera un proceso extenso, con audiencias preliminares y eventuales disputas probatorias, mientras el caso se consolida como un eje central del escenario político y judicial posterior a más de dos décadas de gobierno chavista en Venezuela.

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