El dirigente opositor venezolano Edmundo González afirmó que no es posible una transición democrática en Venezuela mientras continúen encarcelados ciudadanos de forma arbitraria. El mensaje fue difundido pocos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y apuntó a fijar condiciones políticas y jurídicas para el proceso de reorganización institucional que se abre tras la caída del régimen chavista.

Las declaraciones de González se producen en un escenario de fuerte reconfiguración del poder en Venezuela. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en Nueva York tras un operativo estadounidense y enfrentan cargos por narcotráfico, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas ante tribunales federales.

En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia alineado con el chavismo dispuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma funciones de presidencia interina, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington gobernará transitoriamente el país hasta concretar lo que definió como una “transición juiciosa”.

En este marco, González volvió a sostener que su liderazgo se basa en el resultado de las elecciones de 2024 y en lo establecido por la Constitución venezolana, argumento central de la oposición desde la crisis institucional abierta tras esos comicios.

El planteo de González pone en primer plano la situación de los presos políticos, una de las principales denuncias de organismos internacionales de derechos humanos durante la última década. Según estimaciones de organizaciones civiles, cientos de venezolanos continúan detenidos por razones políticas, lo que representa un obstáculo directo para cualquier proceso de normalización democrática.

La postura del dirigente opositor también interpela a los actores internacionales involucrados en la transición, en particular a Estados Unidos y a los gobiernos latinoamericanos que siguen de cerca la crisis venezolana, entre ellos la Argentina, donde reside una parte significativa de la diáspora venezolana.

En el corto plazo, el futuro político de Venezuela dependerá de la definición de un esquema de transición que combine administración provisional, garantías constitucionales y un calendario electoral creíble. La liberación de presos políticos aparece como una condición clave para legitimar ese proceso y reducir tensiones internas.

Persisten, sin embargo, interrogantes sobre el rol de las actuales estructuras judiciales y de seguridad, así como sobre el alcance real del control anunciado por Estados Unidos, factores que podrían acelerar o demorar la salida institucional que reclama la oposición.