El Gobierno buscará este viernes en el Senado la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica el Régimen Penal Tributario y eleva de manera sustancial los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede denunciar penalmente a un contribuyente por evasión, con impacto directo en personas físicas, empresas y en el funcionamiento de la Justicia.

La propuesta se inscribe en la estrategia oficial de normalización económica y financiera tras años de controles cambiarios y alta informalidad. El Ejecutivo sostiene que la actualización de los umbrales busca adecuar la legislación penal tributaria a la inflación acumulada y brindar previsibilidad jurídica, en un escenario donde montos fijados hace más de una década quedaron desalineados con la realidad económica. El proyecto acompaña otras señales al mercado, como el Presupuesto 2026, y apunta a incentivar la exteriorización de ahorros no declarados.

De aprobarse la ley, la evasión simple pasará a configurarse recién a partir de los $100 millones, mientras que la evasión agravada se elevará hasta $1.000 millones, con pisos diferenciados en casos de utilización de estructuras interpuestas, beneficios fiscales indebidos o documentación apócrifa. Según especialistas, el cambio reducirá la cantidad de denuncias penales automáticas y descomprimirá el sistema judicial, hoy saturado por causas de bajo monto. Al mismo tiempo, dará mayor margen de acción administrativa a ARCA y alivio a contribuyentes que quedaban encuadrados en delitos por cifras consideradas menores en términos reales.

El debate pendiente se concentra en el esquema de multas automáticas, cuya actualización genera preocupación en pequeñas y medianas empresas por su impacto ante incumplimientos formales. Desde el oficialismo admiten la necesidad de ajustes complementarios si la ley avanza. En el corto plazo, el resultado del tratamiento en el Senado definirá si el Gobierno logra consolidar un nuevo marco penal tributario antes de fin de año y cómo se reconfigura la relación entre fiscalización, sanción y actividad económica en 2026.

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