La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, resolvió suspender la búsqueda de activos de YPF en el marco del juicio por la expropiación de 2012, mientras se define una apelación en curso. La decisión no modifica la condena contra el Estado argentino, pero le otorga a la petrolera tiempo procesal frente a los intentos de ejecución impulsados por los demandantes.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la Justicia estadounidense condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, monto que supera los USD 18.000 millones con intereses. La sentencia fue apelada tanto por el Estado argentino como por Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar y que busca ejecutar el fallo aun mientras avanza la revisión judicial.

En paralelo, Burford promovió acciones para identificar activos embargables bajo la tesis de que YPF actúa como “alter ego” del Estado. Esa estrategia incluyó pedidos de información y medidas de discovery sobre bienes de empresas públicas y organismos vinculados a la Argentina.

La resolución de Preska accede al pedido de YPF de suspender el discovery que la involucra directamente, mientras se analiza si la compañía puede defenderse de manera autónoma o si su representación corresponde al Estado. La pausa limita, por ahora, el alcance de eventuales embargos sobre activos de la petrolera, aunque no detiene otras acciones de cobro vinculadas al caso.

Para Burford, la decisión implica una demora en su estrategia de ejecución. Para YPF, representa un margen temporal para ordenar su defensa en un proceso con impacto potencial sobre su operatoria y su acceso al financiamiento.

La Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse en la primera mitad de 2026 sobre los recursos presentados. El Gobierno argentino anticipó que agotará todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, el litigio seguirá abierto en distintas ramas, con definiciones pendientes sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y el alcance de las medidas de ejecución contra empresas públicas.

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