El Gobierno nacional analiza la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias por decreto para atender las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, mientras apuesta a que el Senado apruebe el Presupuesto 2026 antes de fin de año. La decisión, que se evalúa por estas horas en Casa Rosada, busca compatibilizar demandas sectoriales con el objetivo central del Ejecutivo: sostener el equilibrio fiscal.

Tras la media sanción obtenida en Diputados, el oficialismo concentra ahora sus esfuerzos en la Cámara alta. En ese marco, el presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno podría recurrir a reestructuraciones presupuestarias amparadas en el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita al jefe de Gabinete a modificar partidas mediante decisiones administrativas. La estrategia permitiría ajustar gastos mes a mes sin reabrir el debate legislativo ni alterar el texto aprobado.

En Balcarce 50 aseguran que la herramienta no implicará recortes a las provincias y minimizan las críticas de sectores opositores, en particular de la Unión Cívica Radical, que cuestionó artículos vinculados al financiamiento educativo, científico y de defensa.

La eventual reasignación de fondos tendría impacto directo en el sistema universitario y en programas destinados a personas con discapacidad, dos áreas que presionan por mayor previsibilidad presupuestaria. Al mismo tiempo, el Ejecutivo busca evitar que esos movimientos comprometan la meta de déficit cero, eje de su programa económico.

En el plano político, la discusión expone tensiones con bloques dialoguistas, aunque el oficialismo confía en reunir los votos necesarios en el Senado, con el respaldo de gobernadores aliados y una aprobación en general que no obligue a devolver el proyecto a Diputados.

Si el Presupuesto es aprobado sin cambios, el Gobierno avanzará con la ejecución y evaluará eventuales ajustes vía decreto a lo largo de 2026. En caso de que el Senado introduzca modificaciones, el texto deberá regresar a la Cámara baja, lo que podría demorar la implementación. En ambos escenarios, la reasignación de partidas aparece como una herramienta central para administrar tensiones entre ajuste fiscal y demandas sectoriales.

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