Siete policías de la Dirección de Consumos Problemáticos quedaron detenidos con prisión preventiva por 100 días luego de que la Justicia federal detectara un intento de sustracción de cocaína durante un procedimiento oficial de destrucción de estupefacientes en Chaco, realizado el 18 de diciembre en un predio policial cercano a Colonia Benítez. El hecho fue advertido en el lugar por un funcionario judicial y derivó en una investigación penal por delitos agravados cometidos por funcionarios públicos.

El operativo consistía en la quema de unos 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana, con presencia de autoridades judiciales, del Ministerio de Seguridad provincial y de la cúpula policial. Era la primera vez que la fuerza local organizaba una destrucción de drogas bajo este esquema. El procedimiento exige controles sucesivos: pesaje, traslado en patrullero y verificación final antes de la quema. Fue en ese circuito donde se detectó una irregularidad clave: el peso final no coincidía con lo consignado en el expediente.

Según la reconstrucción judicial, durante el anteúltimo lote del Juzgado Federal N°2, el patrullero fue estacionado de manera inusual, lo que permitió a dos efectivos manipular uno de los paquetes. Al advertir la diferencia de peso —7,4 kilos frente a los 8,5 consignados—, el secretario del juzgado ordenó detener el procedimiento y revisar el vehículo.

La requisa reveló nueve paquetes de cocaína ocultos debajo de los asientos y en mochilas dentro del patrullero, con un peso total de 9,49 kilos. A valores del mercado local, la droga tendría un valor estimado de más de 140 mil dólares. La jueza federal Zunilda Niremperger imputó a los siete uniformados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y su condición de funcionarios públicos, además de peculado.

Entre los detenidos hay cabos, sargentos, un subcomisario y un comisario que estaba a cargo del operativo y de la tramitación judicial para la quema. La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, analiza si el método detectado pudo haber sido utilizado en procedimientos anteriores, a partir del hallazgo de un ladrillo de yeso usado como señuelo de peso.

La causa avanza ahora sobre dos planos: la responsabilidad penal individual y la revisión de los protocolos de custodia y destrucción de estupefacientes. No se descartan nuevas imputaciones ni la ampliación de la pesquisa a otros operativos previos. En paralelo, el caso abre un debate institucional sobre los mecanismos de control interno y la supervisión judicial en procedimientos sensibles, con impacto directo en la credibilidad de la fuerza y en la cadena de custodia de pruebas en causas por narcotráfico.

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