El conflicto que mantuvo en vilo al sector agroindustrial argentino durante años llegó a un punto decisivo: la cerealera Grassi se quedó con el control de Vicentin, tras la resolución del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini. El magistrado entendió que la empresa santafesina cumplió con las mayorías necesarias en el proceso de cramdown, el mecanismo legal previo a la quiebra.

La decisión marca el cierre de una etapa compleja para una compañía que llegó a facturar más de USD 4.300 millones anuales y que fue eje de uno de los mayores defaults privados del país. Grassi se impuso ante el consorcio formado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, tras un intenso proceso de presentación de avales y apoyos de acreedores.

El juez estableció un plazo de cinco días hábiles para posibles impugnaciones. Mientras tanto, el vicepresidente y CEO de Grassi, Mariano Grassi, celebró el resultado y anticipó inversiones para reactivar las plantas paralizadas. “Ganamos de manera legítima; ahora queremos devolverle a Vicentin la normalidad y la producción”, afirmó.

El plan de Grassi incluye un esquema de pagos escalonados a productores, con opciones en soja, recupero de créditos en dólares y adelantos de efectivo. Además, la firma aseguró que no habrá cierres de plantas ni despidos. “Nada se cierra, nadie se va”, aseguró el directivo.

Con esta resolución, la histórica agroexportadora de Avellaneda inicia una nueva etapa. El desafío será recuperar la confianza del mercado y de sus acreedores, y volver a posicionarse como uno de los pilares del comercio granario argentino.

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