El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que las medidas de eliminación, fusión y reestructuración de organismos públicos llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei mediante decretos han generado un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que estas acciones fueron posibles gracias a las facultades delegadas al Ejecutivo en la Ley Bases, cuya vigencia concluye este martes sin posibilidad de prórroga por parte del Congreso.

Adorni detalló una extensa lista de los entes afectados, explicando que su supresión o transformación se basó en criterios de ineficiencia y redundancia en el gasto público. El vocero presidencial enfatizó que "son áreas cuya permanencia no se justificaba ni desde el punto de vista del gasto ni del servicio efectivo a la ciudadanía".

Entre las principales modificaciones mencionadas por Adorni se encuentran:

Disoluciones clave: La Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (cuyas funciones de tránsito asume Gendarmería), la Comisión Nacional del Tránsito y la CNRT, el Instituto Nacional del Cáncer (ahora unidad del Ministerio de Salud), las Delegaciones Sanitarias Federales, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, la Agencia Regulatoria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (integrada en ANMAT), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Instituto Nacional de Semillas, el INADI y los institutos Belgraniano, Browniano, Newberiano, Juan D. Perón y la Comisión Permanente de Homenaje a Perón.

Transformaciones y fusiones: El Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (con desregulación del sector), el INTI, el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pasaron a ser unidades organizativas. Tecnópolis del Bicentenario se reconvirtió, y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, el INTA, el Instituto de la Propiedad Industrial y el Banco Nacional de Datos Genéticos se convirtieron en organismos desconcentrados. El Banco Nación se transformó en sociedad anónima. Además, se fusionaron el Museo Sitio ESMA y el Archivo de la Memoria, y el Instituto de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero, así como los entes reguladores de electricidad y gas.

Eliminación de programas y trámites: Se suprimió el programa de microcréditos por su baja eficacia y altas cargas administrativas. Se eliminaron créditos ANSES para jubilados, trámites en la exportación de obras de arte, la desregulación del transporte automotor de cargas y la eliminación del trámite RUTA. También se quitaron el certificado de libre deuda de Obras Sanitarias y el Registro de Constructores.

Desregulación y simplificación: Se avanzó en la simplificación del mercado de autopartes y la eliminación de trabas en servicios digitales. Se puso fin a las jornadas obligatorias Educar en Igualdad y al fondo para viviendas de personal militar.

Privatizaciones y cambios estructurales: Se autorizó la privatización de Intercargo, Corredores Viales y Energía Argentina S.A. Se modificaron leyes de energía para permitir contratos privados y se redefinieron competencias en agencias de ciencia e innovación, así como en la ley de turismo para eliminar intervenciones estatales.

Disolución de fondos fiduciarios: Adorni destacó la disolución de 29 fondos fiduciarios relacionados con diversos sectores, incluyendo el Fondo Cobertura Universal de Salud (CUS), el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el PROGRESAR, PRO.CRE.AR y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), entre muchos otros. También se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y se fusionó la empresa de viviendas navales.

La batería de medidas refleja la política de austeridad y desregulación del Gobierno, buscando reducir el tamaño del Estado y simplificar la burocracia en diversas áreas de la administración pública.