El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que las
medidas de eliminación, fusión y reestructuración de organismos públicos
llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei mediante decretos han generado
un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares. Durante una conferencia de
prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que estas acciones fueron posibles
gracias a las facultades delegadas al Ejecutivo en la Ley Bases, cuya vigencia
concluye este martes sin posibilidad de prórroga por parte del Congreso.
Adorni detalló una extensa lista de los entes afectados,
explicando que su supresión o transformación se basó en criterios de
ineficiencia y redundancia en el gasto público. El vocero presidencial enfatizó
que "son áreas cuya permanencia no se justificaba ni desde el punto de
vista del gasto ni del servicio efectivo a la ciudadanía".
Entre las principales modificaciones mencionadas por Adorni
se encuentran:
Disoluciones clave: La Dirección Nacional de Vialidad, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (cuyas funciones de tránsito asume
Gendarmería), la Comisión Nacional del Tránsito y la CNRT, el Instituto
Nacional del Cáncer (ahora unidad del Ministerio de Salud), las Delegaciones
Sanitarias Federales, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el Instituto
Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, la Agencia Regulatoria del Cáñamo y
Cannabis Medicinal (integrada en ANMAT), el Instituto Nacional de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena, el Instituto Nacional de Semillas, el INADI y
los institutos Belgraniano, Browniano, Newberiano, Juan D. Perón y la Comisión
Permanente de Homenaje a Perón.
Transformaciones y fusiones: El Instituto Nacional del
Teatro, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (con desregulación del
sector), el INTI, el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas pasaron a ser unidades organizativas. Tecnópolis del
Bicentenario se reconvirtió, y la Agencia Nacional de Materiales Controlados,
el INTA, el Instituto de la Propiedad Industrial y el Banco Nacional de Datos
Genéticos se convirtieron en organismos desconcentrados. El Banco Nación se transformó
en sociedad anónima. Además, se fusionaron el Museo Sitio ESMA y el Archivo de
la Memoria, y el Instituto de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico
Minero, así como los entes reguladores de electricidad y gas.
Eliminación de programas y trámites: Se suprimió el
programa de microcréditos por su baja eficacia y altas cargas administrativas.
Se eliminaron créditos ANSES para jubilados, trámites en la exportación de
obras de arte, la desregulación del transporte automotor de cargas y la
eliminación del trámite RUTA. También se quitaron el certificado de libre deuda
de Obras Sanitarias y el Registro de Constructores.
Desregulación y simplificación: Se avanzó en la
simplificación del mercado de autopartes y la eliminación de trabas en
servicios digitales. Se puso fin a las jornadas obligatorias Educar en Igualdad
y al fondo para viviendas de personal militar.
Privatizaciones y cambios estructurales: Se autorizó la
privatización de Intercargo, Corredores Viales y Energía Argentina S.A. Se
modificaron leyes de energía para permitir contratos privados y se redefinieron
competencias en agencias de ciencia e innovación, así como en la ley de turismo
para eliminar intervenciones estatales.
Disolución de fondos fiduciarios: Adorni destacó la
disolución de 29 fondos fiduciarios relacionados con diversos sectores,
incluyendo el Fondo Cobertura Universal de Salud (CUS), el Fondo Estabilizador
del Trigo Argentino (FETA), el PROGRESAR, PRO.CRE.AR y el Fondo de Integración
Socio Urbana (FISU), entre muchos otros. También se disolvió el Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento y se fusionó la empresa de viviendas navales.
La batería de medidas refleja la política de austeridad y
desregulación del Gobierno, buscando reducir el tamaño del Estado y simplificar
la burocracia en diversas áreas de la administración pública.