Arabia Saudita registró un alarmante récord de 345 ejecuciones en 2024, la cifra más alta documentada por Amnistía Internacional desde que comenzó a monitorear la pena capital en el reino en 1990. La situación es aún más preocupante en el primer semestre de 2025, con 180 ejecuciones ya registradas, lo que sugiere que este año podría superar el récord anterior.

La mayoría de estas ejecuciones están ligadas a delitos no violentos relacionados con drogas, constituyendo dos tercios de los ajusticiamientos de este año, según la ONG Reprieve. Este uso sistemático de la pena de muerte en casos de drogas contradice los compromisos públicos del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien en 2022 había declarado la eliminación casi total de la pena capital, excepto para crímenes explícitamente mencionados en el Corán. Sin embargo, las autoridades saudíes, tras una suspensión de 33 meses, retomaron estas ejecuciones en noviembre de 2022, con más de 260 personas ajusticiadas por este motivo desde entonces, sin una explicación oficial sobre el cambio de política.

El informe de Amnistía Internacional también resalta el "alarmante ritmo" al que son ejecutados los extranjeros por delitos de drogas. Casi el 75% de los ejecutados por drogas son migrantes, muchos de los cuales enfrentaron procesos judiciales plagados de irregularidades, como el desconocimiento del idioma, la ausencia de representación legal y condenas basadas en confesiones supuestamente obtenidas bajo tortura. Un ejemplo es el del egipcio Essam Ahmed, condenado a muerte por narcotráfico tras ser forzado a transportar un paquete bajo amenaza. "Vivimos aterrorizados, tenemos miedo cada mañana", expresó un familiar a AP, lamentando la falta de oportunidad para defenderlo.

En junio de este año, 46 personas fueron ejecutadas en un solo mes, 37 de ellas por delitos de drogas. Entre los ajusticiados había ciudadanos de Egipto, Etiopía, Jordania, Nigeria, Pakistán, Siria y Somalia. Amnistía denunció que las autoridades saudíes retienen los cuerpos de los ejecutados y no informan a las familias sobre las fechas de ejecución, lo que añade un sufrimiento adicional.

Más allá de los delitos de drogas, el informe alerta sobre el creciente uso de la pena de muerte por cargos de "terrorismo", especialmente contra miembros de la minoría chií, que representa entre el 10% y el 12% de la población saudí y ha concentrado el 42% de las ejecuciones por estos cargos desde 2014. También es motivo de preocupación la situación de menores condenados a muerte, con siete jóvenes aún en riesgo de ejecución, a pesar de las supuestas reformas que prohíben la pena capital en estos casos. "La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia", advirtió Kristine Beckerle, subdirectora regional de Amnistía Internacional, instando a la comunidad internacional a presionar a Arabia Saudita.

Estas ejecuciones masivas ocurren en paralelo a la "Visión 2030" del príncipe heredero, un plan para modernizar la economía saudí y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, críticas de organizaciones como Reprieve señalan que los "miles de millones gastados en las llamadas reformas" enmascaran un "estado autoritario donde las ejecuciones diarias por delitos de drogas son ahora la norma". Jeed Basyouni, directora para Medio Oriente y el Norte de África de Reprieve, afirmó que el Príncipe Mohammed podría cambiar rápidamente esta política si así lo quisiera.

Entre enero de 2014 y junio de 2025, Arabia Saudita ha ejecutado a al menos 1.816 personas, un tercio de ellas por delitos de drogas. El ritmo actual de ejecuciones no solo pone en duda las promesas de reforma, sino que refuerza las denuncias de un sistema judicial que viola sistemáticamente los derechos humanos más básicos.