Arabia Saudita registró un alarmante récord de 345 ejecuciones en 2024, la cifra más alta documentada por Amnistía Internacional desde que comenzó a monitorear la pena capital en el reino en 1990. La situación es aún más preocupante en el primer semestre de 2025, con 180 ejecuciones ya registradas, lo que sugiere que este año podría superar el récord anterior.
La mayoría de estas ejecuciones están ligadas a delitos no
violentos relacionados con drogas, constituyendo dos tercios de los
ajusticiamientos de este año, según la ONG Reprieve. Este uso sistemático de la
pena de muerte en casos de drogas contradice los compromisos públicos del
príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien en 2022 había declarado la
eliminación casi total de la pena capital, excepto para crímenes explícitamente
mencionados en el Corán. Sin embargo, las autoridades saudíes, tras una suspensión
de 33 meses, retomaron estas ejecuciones en noviembre de 2022, con más de 260
personas ajusticiadas por este motivo desde entonces, sin una explicación
oficial sobre el cambio de política.
El informe de Amnistía Internacional también resalta el
"alarmante ritmo" al que son ejecutados los extranjeros por delitos
de drogas. Casi el 75% de los ejecutados por drogas son migrantes, muchos de
los cuales enfrentaron procesos judiciales plagados de irregularidades, como el
desconocimiento del idioma, la ausencia de representación legal y condenas
basadas en confesiones supuestamente obtenidas bajo tortura. Un ejemplo es el
del egipcio Essam Ahmed, condenado a muerte por narcotráfico tras ser forzado a
transportar un paquete bajo amenaza. "Vivimos aterrorizados, tenemos miedo
cada mañana", expresó un familiar a AP, lamentando la falta de oportunidad
para defenderlo.
En junio de este año, 46 personas fueron ejecutadas en un
solo mes, 37 de ellas por delitos de drogas. Entre los ajusticiados había
ciudadanos de Egipto, Etiopía, Jordania, Nigeria, Pakistán, Siria y Somalia.
Amnistía denunció que las autoridades saudíes retienen los cuerpos de los
ejecutados y no informan a las familias sobre las fechas de ejecución, lo que
añade un sufrimiento adicional.
Más allá de los delitos de drogas, el informe alerta sobre
el creciente uso de la pena de muerte por cargos de "terrorismo",
especialmente contra miembros de la minoría chií, que representa entre el 10% y
el 12% de la población saudí y ha concentrado el 42% de las ejecuciones por
estos cargos desde 2014. También es motivo de preocupación la situación de
menores condenados a muerte, con siete jóvenes aún en riesgo de ejecución, a
pesar de las supuestas reformas que prohíben la pena capital en estos casos.
"La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y
degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia", advirtió Kristine
Beckerle, subdirectora regional de Amnistía Internacional, instando a la
comunidad internacional a presionar a Arabia Saudita.
Estas ejecuciones masivas ocurren en paralelo a la
"Visión 2030" del príncipe heredero, un plan para modernizar la
economía saudí y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, críticas de
organizaciones como Reprieve señalan que los "miles de millones gastados
en las llamadas reformas" enmascaran un "estado autoritario donde las
ejecuciones diarias por delitos de drogas son ahora la norma". Jeed
Basyouni, directora para Medio Oriente y el Norte de África de Reprieve, afirmó
que el Príncipe Mohammed podría cambiar rápidamente esta política si así lo
quisiera.
Entre enero de 2014 y junio de 2025, Arabia Saudita ha
ejecutado a al menos 1.816 personas, un tercio de ellas por delitos de drogas.
El ritmo actual de ejecuciones no solo pone en duda las promesas de reforma,
sino que refuerza las denuncias de un sistema judicial que viola
sistemáticamente los derechos humanos más básicos.