El próximo 30 de junio, la rebaja temporaria de las retenciones a la soja, el principal motor de exportaciones de Argentina, llega a su fin. Esta decisión clave, que se confirmará el 1 de julio, pone al Gobierno en una encrucijada: el beneficio fiscal de subirlas frente a los posibles riesgos económicos y políticos en un año electoral.

La exclusión de la soja y el maíz de la prórroga de la baja de alícuotas (que sí se extendió para el trigo y la cebada) ya generó malestar en el sector agropecuario, justo antes de la tradicional Exposición Rural de Palermo. Sin embargo, las implicancias van más allá y podrían impactar directamente en el mercado cambiario, a pocos meses de las elecciones.

Según estimaciones del consultor Javier Preciado Patiño, la rebaja de retenciones durante el segundo trimestre (el de la cosecha gruesa) tuvo un costo fiscal de alrededor de USD 800 millones. Esta medida se tomó para asegurar una fuerte liquidación de divisas. De no haber reducido los aranceles, el Gobierno habría recaudado USD 3.500 millones, en lugar de los cerca de USD 2.700 millones que efectivamente ingresaron. La soja representa el 86% de esos USD 800 millones no recaudados.

El dilema de subir las retenciones y sus consecuencias

Si el Gobierno decide restituir las retenciones a la soja del 26% al 33%, el productor verá seriamente afectada su rentabilidad. Preciado Patiño advierte que esta medida podría generar "un agosto y septiembre con bajas ventas, con presión sobre el tipo de cambio, justo en plena campaña electoral". El consultor estima que aún quedan entre 20 y 22 millones de toneladas de soja por vender, y considera bajas las posibilidades de que el mercado compense la caída de esos siete puntos porcentuales. La única esperanza del Gobierno, según él, sería que la industria aceitera sostenga las compras para mantener sus plantas activas, máxime después de la reciente compra de harina de soja por parte de China tras años de ausencia.

Una suba de las retenciones también tendría un impacto negativo en los insumos y la actividad económica en las zonas agrícolas. Además, representaría un costo político significativo de cara a la Exposición Rural de Palermo y al inicio de la campaña electoral. "Si el Gobierno sube las retenciones va a pagar un costo político importante, porque se pone en contra el voto rural en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el interior de Buenos Aires. Y necesita acumular apoyos para demostrarle a los inversores extranjeros que la situación política está bajo control", señaló Preciado Patiño.

Análisis fiscal vs. cambiario: ¿Qué primará?

El analista David Miazzo sugiere que la decisión oficial se debate entre dos frentes: el fiscal y el cambiario. Miazzo argumenta que, desde una perspectiva fiscal, el Gobierno podría permitirse mantener las retenciones bajas. La recaudación que se resignaría por no subir las alícuotas de soja y maíz equivale a un 0,1% del PBI, y el superávit fiscal ya alcanzó el 0,3% en los primeros cinco meses del año.

"Si el Gobierno puede permitirse seguir con las retenciones bajas desde lo fiscal, ¿por qué se va a arriesgar a meter ruido en lo cambiario?", se preguntó Miazzo. En su análisis, una suba de retenciones en julio implicaría que el productor reciba un 10% menos por cada tonelada de soja, lo que probablemente lo llevaría a vender solo lo indispensable durante uno o dos meses, esperando una mejora en el tipo de cambio o una nueva rebaja de retenciones. Esto podría generar una expectativa en el mercado que alteraría el piso del dólar.

Aunque el sector agropecuario ya ha manifestado su descontento por la exclusión de la soja y el maíz del decreto de prórroga, algunos analistas mantienen la esperanza de una "sorpresa" en la madrugada del 1 de julio, con una posible extensión de la baja de retenciones para estos cultivos. Argumentan que el Gobierno no desaprovecharía ni un día para asegurar el ingreso de dólares por la soja y el maíz. Si esto ocurriera, el malestar inicial del campo habría valido la pena para el Gobierno, ya que los ingresos registrados para exportar en junio superarían los USD 5.300 millones, con una parte significativa derramando en julio, asegurando así la entrada de divisas.