El Gobierno nacional confirmó, a través del decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el incremento de las retenciones a la soja y el maíz a partir del 1° de julio. La alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, mientras que la del maíz y el sorgo pasará del 9,5% al 12%. El girasol también se ajustará, regresando al 7%.

La decisión, que generó fuerte rechazo en las entidades agropecuarias, se conoce a pocos días del inicio de la tradicional exposición de La Rural, donde se espera la posible presencia del presidente Javier Milei.

Como novedad, el Ministerio de Economía dispuso prorrogar la baja de alícuotas para el trigo y la cebada, que mantendrán el esquema reducido del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026. Para conservar este beneficio, los exportadores de estos cultivos invernales deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Este nuevo plazo duplica los 15 días hábiles establecidos previamente.

Desde el Gobierno, se justificó la extensión de las alícuotas reducidas para trigo y cebada en la necesidad de "garantizar la eficacia en su exportación", dada que la campaña 2025/2026 para ambos cultivos está en curso. La prórroga no se aplicó a la soja y el maíz, cuya cosecha ya ha avanzado significativamente.

Previo a la publicación del decreto, se registró una aceleración en las anotaciones de DJVE, impulsando un ingreso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en las últimas dos semanas.

A pesar de este movimiento exportador, las entidades rurales manifestaron su disconformidad. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su "preocupación" por el impacto negativo de restablecer los Derechos de Exportación, pidiendo una revisión urgente de la política tributaria. Por su parte, Coninagro advirtió que la finalización de la rebaja "genera suma preocupación y desigualdad", destacando que muchos procesos productivos aún no concluyeron.

La reimposición de las alícuotas para cultivos como el maíz, cuya cosecha aún no finalizó (el 45% del área no fue recolectada), significa que gran parte de la producción saldrá al mercado bajo el nuevo esquema tributario. Analistas de mercado sugieren que esta medida podría frenar la comercialización de soja y maíz en los próximos meses, impactando las decisiones comerciales y la liquidez del sector.

La publicación del decreto en la antesala de La Rural ha generado expectativas sobre posibles anuncios o gestos hacia el sector por parte del Presidente, en un contexto donde el Gobierno mantiene su enfoque en la consolidación de las cuentas públicas y el superávit fiscal.