El próximo martes 24 de junio a las 11 de la mañana, en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, dará inicio la primera audiencia del juicio político contra la jueza Julieta Makintach. La magistrada del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro enfrenta este proceso tras el escándalo desatado por su participación en el documental "Justicia Divina", basado en el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona.

La validación del proceso se dio luego de un pedido formal del Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados. El jurado que definirá el futuro profesional de Makintach está conformado por cinco conjueces titulares y tres suplentes, sorteados el pasado 11 de junio en la Suprema Corte de Justicia (SCBA).

Irregularidades y nulidad del proceso

La participación de la jueza en el documental generó controversia debido a que las partes y los propios jueces del Tribunal consideraron que denotaba intereses ajenos a la causa y una mirada sesgada del hecho procesal. Estas irregularidades derivaron en la nulidad del proceso por la muerte de Maradona.

En el primer capítulo del documental, Makintach se presenta afirmando: "Soy Julieta Makintach. Soy jueza que interviene en el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Me pareció que este juicio merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo". Y concluye el capítulo señalando: "Nadie mejor que nosotros, que somos los seres humanos que estamos detrás, los que podemos darle explicaciones a la sociedad de cómo la Justicia resuelve esto. Nosotros no somos más que los representantes de la sociedad, que busca hacer Justicia".

Composición y facultades del Jurado

Los cinco conjueces titulares que llevarán adelante el proceso son Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco. Los suplentes son Alberto Biglieri, Lisandro Benito y Guillermo Andrés Marcos.

El Jurado de Enjuiciamiento posee facultades similares a las de los jueces, pudiendo ordenar el apartamiento preventivo o la suspensión del acusado durante el juicio. También pueden disponer medidas para evaluar la verosimilitud de los hechos denunciados y, en última instancia, destituir al acusado si se declara su responsabilidad por delitos o faltas previstas por la ley.

Este tipo de juicio político es un proceso regulado tanto por la Constitución Nacional como por la provincial, cuyo objetivo es evaluar la continuidad de los jueces y funcionarios judiciales en sus cargos, verificando que subsistan las buenas conductas demandadas por la Constitución provincial. El Jury de Enjuiciamiento, de naturaleza política, decide si un juez o funcionario denunciado debe seguir en su cargo, sin abocarse a decisiones sobre hechos delictivos, que son competencia de los magistrados penales.