Tras años de demoras y falta de claridad, la Superintendencia de Servicios de Salud ha puesto en marcha una reforma estructural que obliga a obras sociales y empresas de medicina prepaga a resolver los reclamos de los usuarios en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación. Esta medida busca poner fin a un sistema que permitía que los procesos se extendieran por hasta dos años sin consecuencias concretas.

El nuevo procedimiento no solo acorta los tiempos de respuesta, sino que también exige a las entidades responder a los requerimientos del organismo en no más de cinco días corridos. Este cambio fundamental tiene como objetivo garantizar respuestas más rápidas y efectivas para los beneficiarios del sistema de salud argentino.

Fin de la discrecionalidad y sanciones más severas

Uno de los pilares de esta reforma es la implementación de criterios objetivos y sanciones proporcionales a la gravedad de la falta y la reincidencia. Esto marca el fin de un sistema que, según las autoridades, era opaco y permitía decisiones discrecionales.

Las nuevas reglas establecen consecuencias económicas significativas. Las multas se calcularán por módulos, cuyo valor equivale al haber mínimo jubilatorio. Esto significa que las sanciones pueden oscilar entre 5 y 100 módulos, lo que hoy podría representar más de 30 millones de pesos por infracción. Anteriormente, las entidades podían evitar responsabilidades con un pago voluntario de apenas 35 mil pesos, lo que generaba un desequilibrio en el sistema.

Transparencia para el usuario y libre elección

Otra de las novedades clave es que las sanciones serán públicas. La Superintendencia creará un ranking institucional de cumplimiento, que permitirá a los usuarios conocer qué entidades cumplen con sus obligaciones y cuáles no. La finalidad de esta medida es fortalecer la libre elección de cobertura, basándose en información clara y fomentando una competencia real que beneficie a los usuarios y premie a las entidades que cumplen.

Con esta reforma, el organismo busca recuperar su rol fiscalizador. La carga de la prueba cambia de manos: ahora serán las obras sociales y prepagas quienes deberán demostrar que cumplen con lo que la ley exige. Este cambio, además, apunta a desalentar la judicialización de la salud, un problema estructural que sobrecarga el sistema y priva a los pacientes de respuestas oportunas.

Este nuevo enfoque no solo busca sancionar el incumplimiento, sino también premiar la buena gestión, devolviendo credibilidad al sistema y resguardando los derechos de los beneficiarios. La medida forma parte de un proceso más amplio para reordenar el sistema de salud, garantizar un mercado más transparente y fortalecer la competencia basada en la calidad del servicio, dejando atrás privilegios y favoritismos.