Santiago Peña fue detenido en su vivienda de Asunción pocas horas después de ser destituido de la Presidencia de Paraguay. La medida fue ordenada por la Fiscalía en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al colapso de Ueno Bank.

El operativo se realizó durante la noche del viernes, mientras Pedro Alliana asumía como nuevo jefe de Estado ante el Congreso Nacional. Agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la residencia del exmandatario para notificarle la orden judicial.

El fiscal Christian Benítez, quien encabezó la comitiva, explicó que el procedimiento buscaba “verificar su presencia física y dar curso al mandato de captura”. Según indicó, Peña colaboró desde el comienzo y permitió el ingreso de los funcionarios a su domicilio.

Cuando la fiscala Elena Fiore le comunicó que estaba detenido, el exmandatario respondió: “Me voy a someter al proceso”.

Arresto domiciliario y una declaración ante la Fiscalía

La disposición establece que Peña permanezca bajo detención domiciliaria hasta que sea trasladado ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, en Asunción.

El expresidente fue convocado para declarar este sábado a las 11. La Fiscalía aclaró que se trata de una medida provisoria y que, después de esa instancia, la causa quedará en manos de un Juzgado Penal de Garantías.

Ese tribunal deberá convocar a una audiencia para evaluar las medidas cautelares y determinar las condiciones en las que continuará el proceso.

La orden también alcanza a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes pasado presidía el Banco Central de Paraguay y renunció en medio del escándalo. Al momento de conocerse la disposición, no se había confirmado si también había sido detenido.

Los delitos que investiga la Justicia paraguaya

La investigación analiza posibles hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. El fiscal Benítez aclaró que son calificaciones preliminares y que podrían modificarse a medida que avance el análisis de las pruebas.

La causa busca determinar si existieron maniobras irregulares en el manejo de los recursos de Ueno Bank y si hubo intervención de funcionarios o autoridades para favorecer a la entidad financiera.

De acuerdo con registros judiciales citados en la investigación, Peña había declarado en 2023 que poseía acciones de Ueno Holding valuadas en 6.144 millones de guaraníes. También había informado un certificado de depósito de 2.400 millones de guaraníes en Ueno y un bono de la firma Itti. Las acciones fueron vendidas en abril de 2025.

La Fiscalía ya imputó a 27 personas en el expediente, entre ellas Miguel Vázquez, accionista controlante de Ueno. Seis directivos del banco permanecen bajo prisión preventiva.

La destitución y el cambio de gobierno

La detención de Peña se produjo después de que el Senado aprobara su destitución en un juicio político. Los 44 legisladores presentes votaron a favor de la condena, al responsabilizarlo por el manejo de la crisis financiera y su presunta vinculación con el derrumbe de la entidad.

El exmandatario había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso decidió no aceptarla y continuar con el procedimiento parlamentario. Sus abogados cuestionaron esa decisión y sostuvieron que el Legislativo debía haber tratado primero la dimisión.

En paralelo, Pedro Alliana juró como nuevo presidente y quedó a cargo del Poder Ejecutivo hasta agosto de 2028. Sin embargo, el flamante mandatario también aparece mencionado en las investigaciones de la Fiscalía, aunque el Congreso rechazó un intento opositor de someterlo a juicio político.

La destitución, además, le impidió a Peña acceder a la banca vitalicia en el Senado que la Constitución paraguaya contempla para los expresidentes electos, un cargo que le habría otorgado inmunidad parlamentaria.

El colapso de Ueno Bank y el impacto sobre los ahorristas

La crisis comenzó cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank y dispuso un procedimiento de resolución por problemas de solvencia. La entidad tenía alrededor de 2,94 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes.

La decisión dejó a miles de usuarios sin acceso inmediato a sus ahorros, retiros de efectivo y tarjetas. Entre los afectados también se encuentran unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, cuyo fondo de pensiones había depositado cerca de 355 millones de dólares en la entidad.

El banco había crecido rápidamente y llegó a convertirse en el quinto de Paraguay por volumen de depósitos, impulsado por más de 800 millones de dólares provenientes de organismos públicos.

Tras la intervención, las autoridades comenzaron a habilitar devoluciones parciales para algunos depositantes. El Banco Central informó que los depósitos cuentan con una cobertura de hasta unos 37.000 dólares y sostuvo que el caso no representa un riesgo para el resto del sistema financiero.

La situación judicial de Peña y el avance de la investigación sobre Ueno Bank abren una nueva etapa de incertidumbre política en Paraguay. La declaración del expresidente y la posterior decisión del juez determinarán las condiciones de su detención, mientras las autoridades deberán responder a los reclamos de los ahorristas y esclarecer el destino de los fondos comprometidos.

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