Un grave caso de violencia entre estudiantes generó conmoción en Catamarca tras la difusión de un video en el que una joven relata las humillaciones que sufrió una compañera de 17 años durante un viaje de egresados a Bariloche. El episodio derivó en dos investigaciones judiciales y provocó reclamos de alumnos y familiares frente al establecimiento educativo.

La situación tomó estado público cuando comenzó a circular una grabación en la que una de las presuntas agresoras describió distintos ataques físicos y verbales. Entre sus declaraciones, expresó: “Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”.

En el mismo registro, la joven contó que le arrojó agua a su compañera y reconoció que las burlas no se limitaron a ese episodio. También relató que, durante una salida nocturna, el grupo realizó comentarios sobre el aspecto físico de la adolescente y aludió a material íntimo que había circulado previamente.

La difusión de ese contenido agravó la situación y abrió un debate sobre el hostigamiento entre adolescentes, la exposición de la intimidad y las consecuencias de la violencia sostenida en el ámbito escolar.

Dos investigaciones para determinar las responsabilidades

La Justicia provincial avanza con dos líneas de investigación. Una de ellas está vinculada con la presunta producción y distribución de material íntimo de una persona menor de edad.

En ese expediente, el fiscal penal juvenil Guillermo Narváez imputó a tres adolescentes. Las defensas presentaron planteos para cuestionar las actuaciones, pero un juez de Control de Garantías rechazó el pedido de nulidad. La resolución fue apelada por uno de los abogados defensores.

La segunda investigación está a cargo de la fiscal Paola González Pinto y busca establecer las circunstancias del presunto hostigamiento sistemático, además de determinar el posible daño psicológico sufrido por la estudiante.

La pesquisa deberá establecer qué ocurrió durante el viaje de egresados, si las agresiones también se produjeron en el colegio y qué responsabilidad le corresponde a cada persona involucrada. Mientras tanto, los hechos continúan bajo investigación y las responsabilidades penales deberán determinarse en el ámbito judicial.

El colegio quedó bajo cuestionamiento

El caso también generó interrogantes sobre la respuesta de las autoridades educativas. El Colegio Privado Pía Didoménico difundió un comunicado en el que afirmó que actuó con responsabilidad y celeridad desde que tomó conocimiento de lo ocurrido.

La institución señaló que puso la situación en conocimiento del Ministerio de Educación y Trabajo y aseguró que continuará trabajando con los organismos correspondientes para resguardar a los estudiantes y favorecer un entorno educativo seguro.

Sin embargo, la actuación del establecimiento recibió críticas. De acuerdo con información publicada por medios locales, la adolescente afectada habría manifestado en una carta que algunos docentes hicieron referencias a las imágenes dentro del aula, lo que alimentó las dudas sobre cuándo se conocieron los hechos y qué medidas se adoptaron.

Ante la repercusión, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca emplazó a las autoridades del colegio a presentar, en un plazo de 24 horas, un informe detallado sobre lo sucedido y las acciones implementadas.

Una protesta para reclamar respuestas

La indignación también se trasladó a las puertas del establecimiento, donde estudiantes y familiares realizaron una sentada pacífica para expresar su apoyo a la adolescente y exigir medidas concretas.

Durante la manifestación, los participantes exhibieron carteles contra la violencia escolar y reclamaron que se esclarezcan los hechos. La protesta puso en primer plano la necesidad de proteger a la víctima, garantizar su continuidad educativa y evitar nuevas situaciones de exposición o revictimización.

Los padres de la joven, por su parte, anticiparon que impulsarán nuevas acciones judiciales relacionadas con la difusión de las imágenes íntimas.

Mientras avanzan las dos causas, la Justicia deberá determinar las responsabilidades por las presuntas agresiones y la circulación del material privado. El caso también plantea un desafío para las autoridades educativas: establecer cómo se actuó ante las señales de hostigamiento y qué medidas son necesarias para prevenir nuevos episodios de violencia entre estudiantes.

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