La Justicia federal dispuso una sanción económica contra Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución establece una multa de $100.000 por cada día de demora en ejecutar las obligaciones fijadas para el sistema público de educación superior.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez federal Martín Cormick, quien hizo efectivo un apercibimiento previo ante la falta de cumplimiento de la orden judicial. La medida alcanza la actualización de los salarios de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a las becas estudiantiles.

El pronunciamiento se conoció un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en medio del conflicto presupuestario y de los reclamos de las universidades públicas de todo el país.

Qué debe cumplir el Gobierno por orden judicial

La cautelar exige recomponer las remuneraciones del personal universitario y garantizar la actualización de los recursos destinados a los programas de becas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó la aplicación de sanciones al considerar que las obligaciones continuaban pendientes.

En su resolución, Cormick sostuvo: “Atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026”.

A partir de ese argumento, el magistrado ordenó aplicar astreintes diarias al titular de la Jefatura de Gabinete. Se trata de sanciones económicas que buscan presionar al responsable de una obligación para que cumpla con lo dispuesto por la Justicia.

El juez también advirtió que podrá modificar el monto de la multa y ampliar la nómina de funcionarios alcanzados si persiste el incumplimiento.

El reclamo salarial contempla una actualización del 40,25%

La controversia judicial se concentra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La normativa establece que los salarios docentes y no docentes deben recomponerse para compensar la evolución de la inflación entre enero de 2023 y julio de 2025.

De acuerdo con el cálculo incorporado al expediente, la actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. Además, la ley contempla ajustes mensuales posteriores vinculados con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La cautelar también incluye la recomposición de las partidas destinadas a las becas estudiantiles. El objetivo es evitar que esos programas pierdan capacidad de cobertura mientras continúa la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario.

El Gobierno, por su parte, había presentado argumentos sobre los aumentos salariales y las negociaciones con los gremios. Sin embargo, el magistrado consideró que no se había demostrado el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas en la resolución judicial.

Por qué la medida continúa vigente

El expediente por el incumplimiento de la cautelar avanza en paralelo a otra discusión judicial sobre la aplicación de la ley. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver la apelación del Estado contra el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025.

Ese apartado condicionaba la entrada en vigencia de la normativa a la determinación de los recursos presupuestarios necesarios para financiarla.

La situación procesal es diferente en ambos casos: la apelación discute el fondo de la cuestión, mientras que la cautelar que ordena actualizar salarios y becas continúa vigente. La Cámara ya había confirmado esa medida provisoria y la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de 2026.

Antes de aplicar las multas, Cormick había intimado al Gobierno a cumplir con la orden en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente, concedió una nueva prórroga por otro período igual. Una vez agotados esos plazos, el CIN insistió con el pedido de sanciones.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves

La resolución judicial se conoce en la antesala de una nueva movilización nacional en defensa de las universidades públicas. La convocatoria llega después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y reclamos por la aplicación de la ley de financiamiento.

La marcha comenzará a las 13.30 y tendrá su concentración central frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. La jornada también estará atravesada por el intento de sectores de la oposición de avanzar con el rechazo del DNU 70/2023.

La protesta tendrá repercusión en distintos puntos del país, con reclamos vinculados con los salarios, las becas y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones educativas.

Mientras continúa el proceso judicial, la multa diaria agrega presión sobre la Jefatura de Gabinete para que acredite el cumplimiento de la cautelar. La evolución del expediente y las respuestas oficiales determinarán los próximos pasos en una disputa que mantiene enfrentados al Gobierno y a la comunidad universitaria.

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