Un hombre de 34 años quedó en prisión preventiva por 90 días, acusado de hacerse pasar por integrante de la Justicia federal para conseguir acceso a una base de datos policiales con información confidencial sobre personas y vehículos.

La investigación sostiene que el sospechoso utilizó cuentas de correo electrónico falsas y documentos presuntamente adulterados para solicitar credenciales del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Rosario.

Los fiscales Federico Reynares Solari e Ignacio Falconi le atribuyeron los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. Tras la audiencia imputativa, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz ordenó la prisión preventiva por tres meses.

Cómo habría intentado ingresar al sistema

De acuerdo con la acusación, la primera maniobra se registró el 5 de noviembre de 2024. Ese día, el hombre habría enviado un correo al Ministerio de Seguridad Nacional desde una dirección que aparentaba pertenecer al Poder Judicial y solicitó acceso al Sifcop.

El mensaje estaba firmado con el nombre de una supuesta autoridad judicial que, según los investigadores, no correspondía a ningún juez federal. Desde el organismo le indicaron que debía presentar el pedido ante la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 20 de noviembre, el acusado habría realizado un segundo intento mediante otra cuenta que imitaba las direcciones oficiales del máximo tribunal. En esa oportunidad, se habría presentado como responsable del área correspondiente para insistir con la solicitud.

Los pedidos al Servicio Penitenciario Federal

La segunda secuencia investigada ocurrió en julio de 2025 y tuvo como destinatario al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Según la Fiscalía, el 1 de julio el hombre creó desde la conexión a internet de su domicilio una nueva cuenta de correo que simulaba pertenecer a un juzgado federal.

Al día siguiente, envió un mensaje en el que se presentó como integrante de una supuesta “Fiscalía Federal”. También mencionó una presunta investigación penal vinculada con el uso de datos personales y la malversación de información confidencial, y volvió a pedir las credenciales para ingresar al Sifcop.

Después de recibir indicaciones para canalizar el trámite ante otra dependencia, el 3 de julio habría enviado dos correos adicionales. En uno de ellos adjuntó un documento que aparentaba llevar la firma de una jueza federal.

Los investigadores detectaron inconsistencias en esa presentación: el documento atribuía a la magistrada funciones que no correspondían al fuero en el que se desempeñaba. El intercambio continuó hasta el 15 de julio, mientras el organismo solicitaba precisiones y el cumplimiento de otros requisitos.

La denuncia que permitió identificar al sospechoso

Las presuntas irregularidades fueron advertidas por personal de la Subdirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que presentó la denuncia que dio origen a la investigación.

A partir del análisis de los correos electrónicos, los investigadores lograron rastrear el origen de las cuentas utilizadas y vincularlas con el sospechoso. La pesquisa derivó en su detención el 29 de septiembre.

El sistema Sifcop reúne información sobre medidas judiciales y restricciones vigentes relacionadas con personas y vehículos. Por ese motivo, la investigación busca establecer si el acusado consiguió acceder a datos protegidos o si sus maniobras quedaron limitadas a los intentos de obtener credenciales.

Otro antecedente judicial y los próximos pasos

Durante la audiencia, la Fiscalía también informó que el hombre tenía otro proceso judicial. El 17 de junio de 2025 se había dispuesto la suspensión del juicio a prueba en una causa tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal, en la que se le atribuía una presunta falsificación de documento público.

La imputación actual deberá avanzar para determinar el alcance de las maniobras, verificar qué información pudo haber quedado comprometida y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Mientras continúa la investigación, el acusado permanecerá bajo prisión preventiva durante 90 días.

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