Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad, fue desalojada ayer de la vivienda en la que residía desde 1956, en el barrio madrileño de Retiro.

El procedimiento se concretó después de tres intentos anteriores y estuvo acompañado por una protesta de vecinos y organizaciones vinculadas al acceso a la vivienda. La Policía Nacional desplegó agentes antidisturbios para garantizar el ingreso de la comisión judicial.

Según medios españoles, alrededor de 400 personas se concentraron frente al edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda para intentar bloquear el operativo. Hubo enfrentamientos con los efectivos policiales y se utilizó gas pimienta para dispersar a parte de los manifestantes.

La mujer fue trasladada en camilla

La comisión judicial logró ingresar al edificio poco después de las 11. Cerca de dos horas más tarde, personal sanitario retiró a Abascal del departamento y la trasladó en camilla hasta una ambulancia del Samur.

La mujer tiene una discapacidad reconocida, pasó por varias operaciones de cadera y necesita una silla de ruedas para movilizarse. Durante el operativo, los manifestantes permanecieron detrás del cordón policial.

El desalojo se produjo pese a que el caso había generado reclamos de organizaciones sociales y había llegado incluso a organismos de Naciones Unidas, que habían pedido buscar una alternativa habitacional antes de ejecutar la medida.

El conflicto por el alquiler comenzó hace años

Abascal llegó a la vivienda cuando tenía 17 años. Sus padres habían firmado en 1956 un contrato de alquiler de renta antigua y ella permaneció allí durante más de siete décadas.

Después de la muerte de su padre, el contrato pasó a su madre. Tras el fallecimiento de ella, en 2005, volvió a ser transferido a nombre de Maricarmen. Esa segunda subrogación fue cuestionada posteriormente por la empresa propietaria.

La compañía Urbagestión Desarrollo e Inversión reclamó la restitución del inmueble y sostuvo que la segunda transferencia del contrato no era válida. El Tribunal Supremo español falló en marzo a favor de la empresa y consideró extinguido el vínculo contractual.

De 440 a 1.650 euros de alquiler

Hasta el desalojo, Abascal abonaba 440 euros mensuales. Según medios españoles, la empresa le ofreció posteriormente un nuevo contrato por 1.650 euros al mes.

La defensa de la mujer sostuvo que ese monto resultaba imposible de afrontar para ella. Los abogados también cuestionaron el origen del conflicto y señalaron que el contrato original había sido firmado por su padre en un contexto legal en el que las mujeres casadas tenían restricciones para celebrar determinados actos jurídicos.

El caso había llegado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En junio, el organismo solicitó información a España y pidió cautelarmente que se suspendiera el desalojo mientras se analizaba una alternativa de vivienda.

Cuarto intento y final del conflicto judicial

El Gobierno español también había reclamado que se encontrara una solución para evitar que la mujer quedara sin una alternativa habitacional. Sin embargo, la orden judicial terminó ejecutándose este miércoles.

Maricarmen Abascal dejó finalmente el departamento donde vivió desde su adolescencia y fue trasladada en ambulancia, mientras continuaban las protestas en las inmediaciones del edificio. El caso mantiene abierto el debate en España sobre los alquileres de renta antigua, los desalojos y las alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad.