El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta el tramo final del plazo que le concedió la Justicia para presentar explicaciones sobre su situación patrimonial, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La fecha límite es este miércoles, cuando vence la prórroga de 15 días otorgada por el juez federal Ariel Lijo para que la defensa pueda responder al requerimiento elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita.

Diferencias entre ingresos y gastos

La investigación tomó como base un informe de 207 páginas elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

El documento cruzó las declaraciones juradas de Adorni con información de registros inmobiliarios, bancos, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.

De acuerdo con ese análisis, el grupo familiar declaró ingresos por $229.752.283,20 desde diciembre de 2023, incluyendo los salarios percibidos por Adorni durante sus 35 meses como funcionario y los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti.

En el mismo período, los gastos registrados en pesos alcanzaron los $272.820.832,20. La diferencia entre ambos montos representa un saldo negativo de $43.068.549 que la fiscalía considera pendiente de explicación.

A esto se suman erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12, vinculadas a propiedades, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Las operaciones que debe justificar

El fiscal requirió a Adorni que responda 20 puntos específicos sobre la evolución de su patrimonio desde su llegada a la función pública durante el gobierno de Javier Milei hasta el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con los dólares en efectivo que fueron incorporados en declaraciones juradas corregidas bajo el concepto de “venta de activos”.

Adorni había señalado públicamente que poseía medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década. La fiscalía busca establecer cómo se originaron esos fondos y cuál fue el recorrido del dinero hasta su incorporación al patrimonio declarado.

También deberá aportar información sobre las operaciones de compraventa que, de acuerdo con su explicación, dieron origen a esos recursos.

Propiedades, refacciones y pagos en efectivo

Otro capítulo de la investigación está relacionado con el lote 380 del Country Indio Cua. La Justicia pretende conocer el origen del dinero utilizado para adquirirlo y por qué el inmueble figura únicamente a nombre de su esposa.

Sobre esa propiedad también se investiga un pago de USD 245.000 en efectivo al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación.

Entre las obras mencionadas aparecen una cascada para la piscina y una parrilla, por lo que el fiscal solicitó documentación que permita determinar el origen y la trazabilidad de los fondos utilizados.

La investigación también alcanzó un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, cuya adquisición y los pagos en dólares por mobiliario deberán ser explicados por el exfuncionario.

Préstamos, vehículos y criptomonedas

El requerimiento fiscal incluye además preguntas sobre supuestos préstamos realizados por Silvia Pais y Norma Zuccolo. La Justicia busca determinar si esos créditos fueron efectivamente entregados y cómo evolucionaron posteriormente esas obligaciones.

Otro punto está relacionado con la compra de un Jeep, mientras que también se pidió explicar por qué terceras personas habrían intervenido de manera reiterada en compras y pagos en efectivo destinados finalmente al exfuncionario.

La fiscalía puso especial atención sobre operaciones con criptomonedas y detectó fondos en una billetera virtual que habría sido validada con la identidad de Adorni, pero que no figuraban en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

También deberán explicarse depósitos no salariales registrados en su cuenta sueldo del Banco Nación que, de acuerdo con el informe, no provendrían de organismos estatales ni de transferencias entre cuentas propias.

Qué puede ocurrir después

La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había solicitado más tiempo para acceder a la totalidad de las pruebas utilizadas por la fiscalía, incluidos archivos y conversaciones vinculados con la investigación.

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con el contenido del teléfono del contratista Matías Tabar.

Una vez presentado el descargo, el juez Ariel Lijo deberá evaluar las explicaciones y la documentación aportada. Si considera que las respuestas no permiten despejar las inconsistencias señaladas por la fiscalía, podrá avanzar hacia una declaración indagatoria, una instancia que podría modificar la situación procesal del ex jefe de Gabinete en la causa.

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