Granja Tres Arroyos solicitó el concurso preventivo de acreedores para reordenar una deuda cercana a US$350,9 millones, en medio de una crisis que provocó más de 1.700 despidos.

La presentación judicial fue realizada ayer a través de Wade, una de las sociedades operativas del grupo controlado por la familia De Grazia. La medida llegó después de varios meses de negociaciones privadas que no lograron cerrar un acuerdo con los acreedores.

Una reestructuración que no logró avanzar

El esquema que se había negociado contemplaba quitas de hasta el 75% del capital, un período de repago de siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

El deterioro de la actividad, sin embargo, complicó las conversaciones y terminó llevando el proceso al ámbito judicial.

La crisis laboral comenzó a profundizarse hacia fines de 2024 y alcanzó a distintos establecimientos de la compañía. En total, las desvinculaciones rondan las 1.730 personas.

El cierre de plantas agravó el conflicto

Uno de los principales focos se encuentra en Capitán Sarmiento, donde la compañía suspendió las operaciones de manera indefinida y posteriormente envió más de 700 telegramas de despido. De ese total, 554 correspondieron a trabajadores de esa localidad.

La empresa había argumentado problemas en el suministro eléctrico y razones productivas vinculadas con una situación de fuerza mayor para justificar la suspensión de tareas.

También se registraron despidos en otras instalaciones. En Esteban Echeverría fueron desvinculados unos 450 trabajadores, mientras que en Pilar hubo alrededor de 50 cesantías.

A esto se sumó el cierre de la planta Avex, en Río Cuarto, que dejó a unos 350 operarios sin empleo, además de la suspensión total del personal en Pinazo y unos 250 despidos en Concepción del Uruguay.

Reclamos sindicales y conciliación obligatoria

Ante el avance del conflicto, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles y pidió la reincorporación de 1.200 trabajadores afectados por los últimos despidos.

Las negociaciones incluyeron al Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires y a intendentes de los municipios donde la empresa tiene presencia.

Sin embargo, la compañía no acató la medida cautelar, de acuerdo con lo informado en el marco del conflicto.

Como parte de las gestiones de asistencia, se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a familias de trabajadores despedidos, además de un pago a cuenta de carácter temporal.

El impacto en las localidades

La situación generó un fuerte efecto económico en Capitán Sarmiento, una localidad de unos 15.000 habitantes donde una parte importante del empleo formal estaba vinculada directamente con la actividad de la empresa.

La interrupción de los salarios también repercutió sobre comercios y prestadores de servicios. Organizaciones sindicales, clubes y distintos sectores de la comunidad comenzaron a organizar colectas, ollas populares y otras acciones para asistir a las familias afectadas.

El impacto se extendió además a Arrecifes, desde donde viajaban diariamente entre 100 y 160 trabajadores hacia la planta de Capitán Sarmiento.

El Concejo Deliberante de esa localidad bonaerense realizó una sesión de urgencia para declarar la Emergencia Social y Laboral, con el objetivo de disponer recursos y coordinar mecanismos de asistencia.

Marcha de trabajadores en Buenos Aires

En paralelo con la presentación judicial, trabajadores de distintas plantas y organizaciones sindicales realizaron una movilización hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La protesta reunió a empleados de Capitán Sarmiento, Pilar, Esteban Echeverría y Concepción del Uruguay, con el acompañamiento de organizaciones gremiales vinculadas a la alimentación, la carne, trabajadores rurales, molineros y la CTA.

Los manifestantes reclamaron la reincorporación de los despedidos, el cumplimiento de la conciliación obligatoria y el pago de salarios adeudados.

Los sindicatos también advirtieron que el conflicto podría comprometer, de manera directa e indirecta, alrededor de 7.000 puestos de trabajo relacionados con la actividad de la compañía a nivel nacional.

Con el concurso preventivo, la situación financiera de Granja Tres Arroyos pasará a ser analizada dentro de un proceso judicial de reestructuración. El futuro de las plantas, los empleos y el acuerdo con los acreedores quedará condicionado por las próximas decisiones que adopten la empresa y la Justicia.

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