Dos hombres deberán afrontar el costo de los materiales
para reponer un tramo del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, en Salta,
luego de haber ingresado ilegalmente al área protegida con perros de caza que
atacaron a un oso hormiguero gigante.
El episodio ocurrió el 21 de junio en el departamento de
Anta. Tres perros acorralaron y mordieron a un ejemplar de Myrmecophaga
tridactyla, conocido como yurumí, una especie protegida cuya caza está
prohibida dentro de la reserva.
El caso derivó en una investigación de la Unidad Fiscal
Salta por una infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Antes de llegar a juicio, la fiscalía y los acusados acordaron una reparación
que fue homologada por la Justicia Federal.
Cómo fue el ataque al oso hormiguero
El hecho fue detectado por los guardaparques Abraham Rojas,
Jairo Palma y Soledad Rojas durante una recorrida habitual por el área
protegida.
Los agentes escucharon ladridos provenientes del monte y
siguieron los rastros hasta encontrar a tres perros de caza que habían rodeado
al oso hormiguero. El animal tenía heridas provocadas por mordeduras.
Los guardaparques lograron alejar a los perros y poner a
salvo al ejemplar. Poco después localizaron a sus propietarios, un padre y su
hijo, en las inmediaciones del lugar. Tras recuperarse, el yurumí volvió a
internarse en el monte.
Una reparación en lugar de avanzar al juicio
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Salta,
que imputó a los dos hombres por el ingreso ilegal al área protegida con fines
de caza y por el hecho vinculado con la fauna silvestre.
La acusación se encuadró en el artículo 25 de la Ley
22.421, que contempla penas de prisión e inhabilitación para quienes cacen
especies cuya captura o comercialización se encuentre prohibida o vedada.
Sin embargo, el proceso tomó otro camino. El fiscal general
Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Carolina Jorge presentaron un acuerdo
de reparación que fue aprobado por el juez federal de Garantías N°2, Diego
Anzorreguy.
El dinero será destinado a la reserva
Como parte del acuerdo, los imputados deberán cubrir la
compra de los materiales necesarios para reparar un sector del alambrado de la
Reserva Nacional Pizarro.
La necesidad de realizar esa obra había sido informada por
el intendente del área protegida, Néstor Walter Sucunza. La fiscalía pidió
además que quedara establecido que los recursos aportados tendrían como único
destino la reserva.
Durante la audiencia, ambos acusados aceptaron las
condiciones del convenio junto con su defensa. El magistrado homologó el
acuerdo y también les advirtió sobre las consecuencias que podría generar una
eventual reincidencia.
La Reserva Nacional Pizarro, ubicada en el departamento de
Anta, protege un ambiente donde están prohibidas la caza y otras formas de
depredación de fauna. El caso puso nuevamente el foco en la necesidad de
preservar especies como el yurumí, considerado de especial importancia para la
conservación de la biodiversidad.
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