El Gobierno de Javier Milei resolvió avanzar con una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se fundamentará en una presunta violación de la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades petroleras no autorizadas por la Argentina.

La denuncia será presentada ante la Cámara Federal porteña y estará encabezada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

Las compañías alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa

De acuerdo con la presentación oficial, tres de esas firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían obtenido permisos del Reino Unido para realizar tareas relacionadas con la búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área.

El proyecto señalado es Sea Lion, un desarrollo ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, considerado estratégico por las empresas involucradas debido a sus perspectivas de producción petrolera.

La acusación también podría alcanzar a las personas que hayan tenido participación en las operaciones. El Gobierno anticipó que incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que puedan estar vinculados con los hechos investigados.

La Ley 26.659 establece que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina requieren autorización de las autoridades nacionales. El Ejecutivo considera que las operaciones denunciadas incumplirían ese marco legal.

Una respuesta que también apunta a la soberanía

La Oficina del Presidente sostuvo que la medida tiene como objetivo “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei frente al avance de actividades hidrocarburíferas en el área disputada. El Gobierno afirmó que continuará impulsando acciones administrativas y judiciales ante operaciones que considere contrarias a los derechos soberanos argentinos.

En ese marco, la Cancillería había anunciado días atrás el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas. La medida incluye a compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos, además de accionistas y empresas que les hayan brindado servicios.

Qué se sabe de Sea Lion

El yacimiento Sea Lion fue descubierto en 2010 y está situado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a unos 450 metros de profundidad.

A fines de 2025, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del proyecto. La participación prevista es de 65% para Navitas Petroleum y 35% para Rockhopper Exploration.

La decisión significó un avance relevante para el desarrollo del yacimiento, después de que ambas compañías completaran las evaluaciones técnicas, económicas y financieras necesarias para considerar viable la iniciativa.

La Cancillería argentina había rechazado esa decisión de inversión en diciembre de 2025 y había señalado que ambas compañías actuaban como licenciatarias ilegítimas, al considerar que no contaban con autorización argentina para operar en la zona.

Presupuesto 2027 y refuerzo de la seguridad nacional

La ofensiva judicial estará acompañada por una decisión vinculada al próximo presupuesto nacional. Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 priorice el desarrollo de una Base Naval Integrada y otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.

El proyecto presupuestario deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre. Según el Gobierno, estas iniciativas buscan “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.

La administración nacional también sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en el área constituye un nuevo punto de tensión dentro de la disputa de soberanía. La Cancillería había cuestionado además las actividades vinculándolas con las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con la nueva denuncia penal, el Gobierno busca llevar el conflicto por las actividades petroleras en las Malvinas al ámbito judicial y avanzar, en paralelo, con sanciones administrativas y medidas destinadas a reforzar la posición argentina sobre los recursos naturales de la zona.

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