El Gobierno de Javier Milei decidió darle prioridad presupuestaria al desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos para la defensa nacional.

La instrucción presidencial fue dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que la iniciativa tenga una partida prioritaria dentro del Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.

La decisión se conoció en paralelo al anuncio de una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en el marco del endurecimiento de la postura oficial sobre la soberanía argentina y los recursos naturales del Atlántico Sur.

El objetivo estratégico de la obra

La Base Naval Integrada de Ushuaia es un proyecto que comenzó a plantearse hace más de una década y que el actual Gobierno busca acelerar.

La iniciativa apunta a reforzar la presencia y el control argentino en el Atlántico Sur y, al mismo tiempo, convertir a Ushuaia en una plataforma logística con capacidad para apoyar las operaciones y la proyección argentina hacia la Antártida.

La cuestión antártica ocupa un lugar relevante dentro de la estrategia planteada por Milei. Durante su reciente mensaje por cadena nacional, el Presidente sostuvo que el escenario internacional atraviesa una transformación geopolítica y advirtió que la competencia por recursos estratégicos tendrá mayor importancia.

En ese contexto, afirmó que “la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”, una definición que el Gobierno vinculó con la necesidad de ampliar las capacidades argentinas en el extremo sur.

Qué dijo el Gobierno sobre el Presupuesto 2027

La Oficina del Presidente informó que Milei firmó una instrucción para que Caputo contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.

El comunicado oficial señaló que se busca “priorizar, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027” los recursos destinados a esas iniciativas.

El texto agregó que las medidas forman parte de una política orientada a “fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.

El proyecto deberá ingresar al Congreso el 15 de septiembre, donde comenzará el tratamiento legislativo del Presupuesto Nacional correspondiente al próximo ejercicio.

La denuncia por la explotación petrolera en Malvinas

La decisión presupuestaria coincidió con el anuncio de una denuncia penal contra cinco compañías relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.

La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

Las empresas mencionadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según el Gobierno, tres de ellas habrían recibido autorizaciones del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área. La administración nacional considera que esas actividades vulneran la normativa argentina.

La estrategia frente al proyecto Sea Lion

La denuncia se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.

La investigación no alcanzará únicamente a las sociedades comerciales. El Gobierno anticipó que también podrá involucrar a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de las operaciones bajo investigación.

La medida se suma a los procedimientos sancionatorios que la Cancillería había anunciado contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

El foco de la respuesta oficial está puesto especialmente en Sea Lion, proyecto petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Para el Gobierno, las actividades vinculadas con su desarrollo constituyen una utilización unilateral de recursos en un territorio cuya soberanía es objeto de disputa.

La combinación de la denuncia penal, los procedimientos administrativos y la prioridad presupuestaria para la Base Naval Integrada muestra que el Gobierno busca avanzar simultáneamente en el plano judicial, diplomático y militar frente a la situación en el Atlántico Sur.

Con el envío del Presupuesto 2027 al Congreso, quedará definido el respaldo financiero que finalmente tendrá la obra de Ushuaia y el resto de los proyectos estratégicos incluidos por el Ejecutivo.

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