La jueza Marta Elba Pascual explicó los fundamentos del fallo con el que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La magistrada sostuvo que el principal problema no está en la reducción de la edad, sino en la falta de infraestructura, personal y recursos materiales para implementar el nuevo sistema sin agravar las condiciones de los adolescentes privados de su libertad.

En diálogo con Now 97.9, Pascual aseguró que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años detenidos, aunque aclaró que no pretende desconocer la gravedad de los delitos cometidos por adolescentes.

“No romantizo con los chicos que salen con un arma”, afirmó. Sin embargo, cuestionó la idea de que la nueva legislación, por sí sola, pueda traducirse en una mejora de la seguridad: “Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

El planteo de la jueza sobre el encierro

Pascual hizo hincapié en las condiciones en las que deberían cumplir sus medidas los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.

“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, sostuvo.

La magistrada aclaró además que no se opone necesariamente a que la edad de imputabilidad baje a los 14 años. Su cuestionamiento está relacionado con la capacidad del Estado para aplicar la normativa y ofrecer alternativas al encierro.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió.

La resolución surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes que se encuentran privados de su libertad.

Qué establece la suspensión por 60 días

La jueza explicó que durante el período de suspensión espera que los distintos poderes del Estado definan cómo funcionará en la práctica el nuevo sistema penal juvenil.

Entre los puntos a resolver mencionó quién estará a cargo de supervisar a cada adolescente, qué recursos tendrán los centros de detención y de qué manera se implementarán las medidas alternativas previstas por la legislación.

Pascual también rechazó que su decisión implique dejar sin respuesta a las víctimas o impedir que determinados adolescentes sean privados de su libertad.

Según explicó, la legislación procesal vigente en la provincia ya permite a los jueces de garantías disponer la detención de adolescentes de entre 14 y 16 años. Actualmente, indicó, existen alrededor de 100 menores de esa franja etaria detenidos en territorio bonaerense.

La magistrada señaló que muchas víctimas reclaman penas más severas para quienes cometieron delitos. “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, explicó.

Las críticas de Patricia Bullrich

El fallo generó una rápida respuesta del Gobierno nacional. La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las dirigentes que impulsaron la reforma, cuestionó públicamente la decisión judicial.

Bullrich sostuvo que la provincia de Buenos Aires tiene “una justicia provincial garantista que deja libres a los chicos para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias” y también apuntó contra el gobernador Axel Kicillof.

Pascual respondió a las críticas y defendió su actuación judicial: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

El objetivo durante la suspensión

La jueza planteó que los 60 días deben servir para establecer las condiciones necesarias para que el nuevo Régimen Penal Juvenil pueda aplicarse sin trasladar automáticamente a los adolescentes al sistema penitenciario común.

“Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, sostuvo.

El debate continuará ahora en los ámbitos judiciales y políticos, mientras los gobiernos y organismos involucrados deberán definir si logran adecuar la infraestructura y los recursos necesarios para aplicar el nuevo régimen una vez finalizado el plazo de suspensión.

Con base en nota de: infobae.com

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