Los seguidores de Evo Morales reforzaron la vigilancia sobre el expresidente en el Trópico de Cochabamba, Bolivia, luego de que denunciara un supuesto operativo para atentar contra su vida. La tensión crece mientras se acerca el final del estado de excepción.

Las seis federaciones de cocaleros de la región instalaron una vigilia permanente en Lauca Ñ y emitieron advertencias dirigidas a las Fuerzas Armadas y la Policía ante un eventual ingreso al territorio.

En una de las resoluciones aprobadas durante una reunión sindical, los dirigentes afirmaron que no garantizarán la seguridad de los agentes que ingresen a la zona con la intención de atacar a Morales.

Morales denunció un supuesto operativo

La semana pasada, el exmandatario aseguró que recibió información sobre un presunto operativo que estaría siendo preparado en el Trópico de Cochabamba.

“Por información de militares y policías patriotas tomamos conocimiento de un nuevo operativo que pretenden ejecutar en el Trópico de Cochabamba”, escribió Morales en su cuenta de X.

El expresidente vinculó esa supuesta maniobra con el gobierno de Rodrigo Paz y afirmó que el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, habría mantenido reuniones en Estados Unidos relacionadas con el operativo.

Morales también sostuvo que un coronel, cuya identidad no reveló, le recomendó utilizar permanentemente un chaleco antibalas. “Si algo llega a pasar, el responsable es el presidente y su ministro de Defensa”, afirmó.

Las acusaciones fueron acompañadas por un pronunciamiento de exministros de Morales dirigido a la comunidad internacional. En el documento expresaron preocupación por la seguridad del exmandatario y reclamaron acciones para evitar un eventual ataque.

Los cocaleros preparan una movilización

Las seis federaciones que respaldan a Morales convocaron a una concentración para el miércoles 26 de agosto en Ivirgarzama, localidad ubicada a unos 230 kilómetros de Cochabamba.

La movilización tendrá lugar mientras quedan 23 días para que finalice el estado de excepción decretado por el gobierno de Rodrigo Paz en junio, en medio de una etapa de fuertes protestas y bloqueos.

La medida establece restricciones destinadas a preservar el orden público, entre ellas la prohibición de bloquear calles y rutas, portar armas o explosivos durante manifestaciones y transportar combustible en recipientes no autorizados en zonas consideradas conflictivas.

La situación judicial del expresidente

Morales permanece desde hace casi dos años en el Trópico de Cochabamba, una región donde conserva un fuerte respaldo político y sindical. Desde allí mantuvo su actividad política y protagonizó distintos enfrentamientos con los gobiernos de Luis Arce y Rodrigo Paz.

Su permanencia en la zona también está relacionada con una causa judicial por un presunto delito de trata de personas. La Fiscalía lo acusa de haber tenido una hija con una adolescente durante su mandato y de haber beneficiado políticamente a familiares de la joven.

El exmandatario no asistió a tres citaciones judiciales vinculadas con el expediente. Por ese motivo, un juez ordenó su arraigo, dispuso la anotación preventiva de sus bienes y lo declaró en rebeldía en enero del año pasado.

Morales sostiene que las acusaciones forman parte de una persecución política en su contra. Mientras la investigación continúa, el despliegue de sus seguidores y las advertencias a las fuerzas de seguridad mantienen elevada la tensión en el Trópico de Cochabamba, especialmente ante la proximidad del vencimiento del estado de excepción.