El Ministerio de Capital Humano abrió un expediente administrativo contra CTERA tras concluir una primera evaluación sobre el paro docente nacional realizado el 3 de agosto.

La Secretaría de Trabajo sostiene que la organización no habría garantizado en algunas jurisdicciones el mínimo del 75% de la prestación educativa establecido por la legislación vigente.

El Ejecutivo todavía no resolvió qué medida adoptará. Una multa aparece entre las posibilidades, aunque desde el Gobierno aclararon que esperarán el avance del procedimiento antes de definir una sanción.

Qué reclama el Gobierno

La evaluación oficial encontró diferencias importantes entre las provincias. Desde la Casa Rosada señalaron que el acatamiento habría sido mayor en distritos gobernados por el peronismo, mientras que en otras jurisdicciones se habría cumplido con el nivel mínimo exigido.

El Gobierno aclaró que no cuenta todavía con un porcentaje nacional definitivo de incumplimiento. La acusación tampoco implica que el 75% de las clases haya sido suspendido.

El punto central del expediente es determinar si CTERA, como entidad convocante de la medida, garantizó la prestación mínima establecida para los servicios educativos considerados esenciales.

Qué establece la ley

El Gobierno fundamenta la actuación en el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado este año por la reforma laboral. La normativa incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial entre los servicios esenciales.

Durante una huelga, la prestación no puede quedar por debajo del 75% del funcionamiento habitual. Además, las organizaciones deben anticipar la medida y acordar cómo se mantendrá ese servicio mínimo.

Si no existe un acuerdo o el esquema resulta insuficiente, la autoridad laboral puede establecer las condiciones correspondientes con intervención de la Comisión de Garantías.

CTERA sostiene otra versión

La organización sindical mantiene una posición diferente y aseguró que la huelga tuvo un “altísimo acatamiento” a nivel nacional.

CTERA reclama mejoras salariales, mayor financiamiento para el sistema educativo, la restitución del FONID y la convocatoria a una negociación nacional para discutir las condiciones laborales de los docentes.

Ahora, el gremio tendrá la posibilidad de presentar un descargo y aportar documentación antes de que Trabajo determine si existió una infracción y cuál sería su eventual consecuencia.

El conflicto también alcanza a las universidades

La apertura del expediente se produjo mientras se desarrolla otro conflicto en el ámbito educativo, esta vez en las universidades nacionales, que tienen prevista una nueva medida de fuerza.

Sin embargo, el marco legal es diferente. La normativa que fija el piso del 75% para los servicios esenciales incluye a los niveles inicial, primario, secundario y especial, pero no contempla a la educación universitaria.

Por ese motivo, el criterio utilizado para analizar el paro de CTERA no se aplica automáticamente a la protesta de los gremios universitarios.

La Secretaría de Trabajo deberá ahora avanzar con el expediente y determinar si corresponde una sanción. La resolución final dependerá de las pruebas reunidas y del descargo que presente CTERA.