El Gobierno nacional estableció un nuevo mecanismo para la atención sanitaria de extranjeros no residentes en los hospitales administrados por el Estado nacional. La resolución determina que las prestaciones que no sean de urgencia podrán ser cobradas.

La medida fue reglamentada por el Ministerio de Salud y surge de los cambios introducidos por el DNU 366/2025 sobre la Ley de Migraciones. El nuevo procedimiento busca unificar los criterios administrativos y de facturación en los establecimientos nacionales.

La principal diferencia estará dada por el tipo de atención. Mientras las emergencias médicas deberán ser atendidas de inmediato, las consultas, estudios y tratamientos programados quedarán sujetos a la acreditación de residencia, la existencia de un seguro o el pago previo.

Las emergencias seguirán siendo atendidas

La resolución establece que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada por cuestiones administrativas cuando exista un riesgo cierto e inminente para su vida o para una función vital.

Entre los cuadros contemplados figuran infartos, accidentes cerebrovasculares, paros cardiorrespiratorios, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas, sepsis, intoxicaciones agudas y emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales.

Además, si al momento del ingreso existen dudas sobre la gravedad del cuadro, deberá prevalecer el criterio de brindar atención inmediata hasta que el profesional determine si se trata de una emergencia.

Una vez estabilizado el paciente, el hospital podrá calcular y reclamar los costos correspondientes a las prestaciones realizadas después de finalizada la situación de urgencia.

Qué deberán hacer los extranjeros no residentes

Para acceder a una prestación programada, los extranjeros que no puedan acreditar residencia permanente deberán demostrar que cuentan con un seguro de salud válido o afrontar el costo de la atención.

En caso de no tener cobertura, el procedimiento dispone que deberán pagar el 100% del arancel antes de recibir la prestación, de acuerdo con el nomenclador vigente del establecimiento.

Si existe una aseguradora, el hospital podrá facturarle directamente. Para ello deberá reunir la documentación correspondiente y notificar el ingreso dentro de las primeras 24 horas.

La compañía tendrá un plazo de 45 días corridos para transferir el dinero a la cuenta oficial del hospital. Si no cumple con ese plazo, la normativa contempla el inicio de acciones judiciales para recuperar los fondos.

Residentes permanentes mantienen la atención en igualdad

El nuevo esquema no modifica las condiciones para los extranjeros que tienen residencia permanente en Argentina. Estas personas mantienen el acceso al sistema sanitario nacional en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos.

Para acreditarlo deberán presentar el DNI para extranjeros vigente, donde figure expresamente la categoría de residente permanente. En determinadas situaciones también se permitirá presentar documentación digital de residencia en trámite.

La clasificación entre una emergencia y una prestación habitual quedará bajo responsabilidad del profesional de salud que atienda al paciente, una decisión que determinará posteriormente qué circuito administrativo corresponde aplicar.

El cambio surge de la reforma migratoria

La resolución reglamenta uno de los cambios incorporados por el DNU 366/2025, que modificó el artículo 8 de la Ley de Migraciones y estableció nuevas condiciones para el acceso de extranjeros al sistema sanitario estatal.

El decreto planteó como argumento que se había registrado un aumento de personas que ingresaban al país específicamente para utilizar prestaciones médicas gratuitas, especialmente tratamientos de alta complejidad.

El Gobierno sostuvo entonces que esa situación incrementaba la demanda sobre los hospitales públicos y afectaba la disponibilidad de recursos humanos y materiales destinados a la atención sanitaria.

Con la nueva reglamentación, el Estado busca establecer un procedimiento único para hospitales nacionales, diferenciando la asistencia que debe garantizarse ante una emergencia de aquella que puede quedar sujeta a seguro o pago previo. La aplicación de estas reglas podría generar debate político y judicial en torno al acceso a la salud y los derechos de las personas extranjeras.

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