La Justicia de Bolivia dictó 60 días de prisión preventiva para tres personas acusadas de integrar una organización dedicada al presunto tráfico de personas y reclutamiento de ciudadanos para enviarlos a Rusia en medio de la guerra contra Ucrania.

Los detenidos son familiares de Amador M., señalado como el principal sospechoso de liderar la estructura investigada. La Policía activó una alerta migratoria contra él y sostiene que habría escapado hacia Brasil luego de que surgieran las primeras denuncias.

La medida fue tomada tras un pedido de la Fiscalía, que argumentó riesgos de fuga y posibles intentos de interferir en la investigación. Los tres acusados fueron trasladados al penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Allanamientos y hallazgo de documentación

Los arrestos se concretaron durante operativos realizados en dos viviendas de Santa Cruz de la Sierra. En esos procedimientos, los investigadores encontraron alrededor de 50 pasaportes que podrían estar relacionados con las personas captadas por la organización.

La defensa de los imputados negó las acusaciones y aseguró que sus clientes únicamente realizaban gestiones vinculadas a trámites migratorios para terceros, sin participación en un esquema ilegal de reclutamiento.

El fiscal de la Unidad de Trata y Tráfico, Mijail Cavero, afirmó que el Ministerio Público presentó elementos que vincularían a los acusados con la estructura investigada y que el juez consideró suficientes para ordenar la detención preventiva.

Denuncias de familiares y víctimas del conflicto

La causa comenzó luego de las denuncias realizadas por familiares de dos jóvenes bolivianos, José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes habrían viajado a Rusia en abril tras recibir supuestas ofertas laborales y terminaron falleciendo durante el conflicto armado con Ucrania.

El Ministerio Público analiza actualmente al menos 16 posibles casos de personas que habrían sido captadas mediante engaños. Además, la Cancillería boliviana activó mecanismos de asistencia para ciudadanos del país que permanecen en Rusia.

La representación diplomática de Bolivia en Moscú solicitó información oficial al Gobierno ruso sobre la situación de los ciudadanos involucrados, aunque hasta el momento no se informó una respuesta formal.

Un fenómeno que alcanza a otros países de América Latina

Las autoridades investigan si la red forma parte de un esquema internacional de captación que opera en distintos países latinoamericanos mediante promesas de empleos bien remunerados, contratos falsos y oportunidades económicas en Rusia.

Casos similares fueron denunciados en otros países de la región, donde ciudadanos habrían sido trasladados con ofertas de trabajo en sectores como construcción o agricultura y luego presionados para incorporarse a fuerzas vinculadas al conflicto.

La investigación continuará mientras las autoridades buscan determinar el alcance de la organización, identificar a más posibles responsables y establecer cuántas personas fueron afectadas por el presunto sistema de reclutamiento ilegal.

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