El Ministerio Público de Bolivia informó que investiga a más de 300 personas por su presunta participación en los bloqueos de rutas que se extendieron entre el 6 de mayo y el 22 de junio y afectaron gran parte del territorio nacional.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que existen procesos abiertos en distintos departamentos del país y remarcó que las investigaciones continúan en marcha, con personas imputadas, detenidas y otras que aceptaron procedimientos abreviados.

Procesos abiertos en varias regiones

Según detalló la Fiscalía, las causas judiciales se desarrollan en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí.

Mariaca explicó que algunos de los acusados ya reconocieron su responsabilidad para acceder a procedimientos abreviados, mientras que otros permanecen con detención preventiva. Además, aclaró que ninguna de las investigaciones fue cerrada.

Un conflicto que paralizó al país

Las protestas comenzaron a principios de mayo y reunieron a distintos sectores sociales, entre ellos organizaciones indígenas, sindicatos, juntas vecinales de El Alto y grupos afines al expresidente Evo Morales.

Durante las manifestaciones se registraron hasta 90 puntos de bloqueo simultáneos en siete de los nueve departamentos bolivianos, situación que afectó el transporte de pasajeros y mercaderías, además del abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos esenciales.

Millonarias pérdidas económicas

El prolongado conflicto provocó serias consecuencias para la economía boliviana. Cámaras empresariales estimaron pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares, una cifra equivalente a aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los sectores más afectados fueron el transporte, la industria, el comercio y el turismo. Además, las restricciones en las rutas complicaron la atención médica en algunas regiones y derivaron en víctimas fatales durante las semanas de protesta.

Reclaman que haya responsables

Las investigaciones judiciales avanzan mientras distintos sectores empresariales y organizaciones cívicas reclaman que los hechos no queden impunes.

Aunque el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) que contempla revisar la situación judicial de algunos detenidos y evitar nuevas persecuciones contra dirigentes sociales, entidades civiles anunciaron presentaciones penales para identificar y sancionar a los responsables de los bloqueos.

Entre los nombres mencionados públicamente por algunos sectores figuran dirigentes sindicales y el expresidente Evo Morales, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre causas judiciales abiertas en su contra por estos hechos.

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