La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados de Venezuela por denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos.

La decisión forma parte de una sentencia que condena al Estado venezolano por los abusos sufridos por Jorge Rojas, un estudiante detenido durante una protesta realizada en Caracas en 2003.

Un plazo de 18 meses para cumplir la medida

El fallo establece que las autoridades venezolanas deberán clausurar el establecimiento en un plazo máximo de 18 meses. Además, ordena el traslado de las personas actualmente alojadas allí a otros espacios que cumplan con estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Los jueces señalaron que cualquier reubicación deberá respetar las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo la integridad física y el debido proceso.

Las denuncias que sostuvieron la resolución

La Corte consideró acreditadas múltiples denuncias documentadas durante años por organismos nacionales e internacionales sobre presuntas torturas, detenciones arbitrarias y malos tratos dentro de El Helicoide.

Entre los antecedentes analizados figuran informes de mecanismos internacionales de monitoreo de derechos humanos que describieron patrones sistemáticos de abusos contra personas privadas de libertad en ese centro.

El caso que originó la condena

La resolución se originó por la situación de Jorge Rojas, arrestado durante una manifestación opositora en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas.

Según la sentencia, durante su detención fue sometido a golpes, amenazas, simulacros de ejecución y otros actos considerados tortura por el tribunal internacional. La Corte también concluyó que el Estado no investigó adecuadamente los hechos denunciados.

Un lugar marcado por las denuncias

El Helicoide fue proyectado en la década de 1950 como un complejo comercial y arquitectónico de gran escala, aunque nunca llegó a funcionar con ese propósito. Con el tiempo pasó a ser utilizado por organismos estatales y terminó convertido en sede de servicios de inteligencia.

La resolución representa uno de los pronunciamientos más contundentes emitidos por la Corte Interamericana respecto de Venezuela y vuelve a poner el foco internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El cumplimiento de la sentencia y las medidas que adopte el gobierno venezolano serán seguidos de cerca por organismos internacionales durante los próximos meses.

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