El gobierno de Perú paralizó la compra de aviones de combate F-16 y provocó una crisis interna y externa. La decisión derivó en la renuncia de dos ministros y generó tensiones con Estados Unidos por el incumplimiento del acuerdo.

Renuncias y conflicto en el gabinete

La negativa del presidente José María Balcázar a autorizar un pago inicial de USD 2.000 millones activó una crisis política inmediata.

El canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa Carlos Díaz dejaron sus cargos tras cuestionar la decisión, al considerar que compromete la credibilidad internacional del país.

Ambos funcionarios sostuvieron que el contrato ya había sido firmado y contaba con respaldo legal y financiamiento aprobado.

Un contrato millonario en juego

La operación contemplaba la compra de 24 aviones F-16 Block 70 por unos USD 3.500 millones, en dos etapas.

El primer tramo incluía 12 aeronaves, además de equipamiento, entrenamiento, armamento y soporte logístico. La entrega estaba prevista a partir de 2029.

El programa buscaba modernizar la Fuerza Aérea peruana, cuya flota actual supera los 30 años de antigüedad.

Argumentos del Gobierno

El presidente Balcázar justificó la suspensión al señalar que el próximo gobierno debería definir si continúa con la operación.

Sin embargo, exfuncionarios remarcaron que el propio mandatario había autorizado previamente el proceso mediante decreto, lo que generó cuestionamientos por la marcha atrás.

También advirtieron que el incumplimiento podría derivar en penalidades económicas y litigios internacionales.

Reacción de Estados Unidos

La decisión generó una rápida respuesta de autoridades estadounidenses, que advirtieron sobre posibles consecuencias si se confirma una ruptura contractual.

El caso tensiona la relación bilateral y abre interrogantes sobre la confiabilidad de Perú en acuerdos estratégicos de alto nivel.

Impacto económico y estratégico

Especialistas alertan que la suspensión podría afectar la imagen del país ante inversores y socios internacionales.

Además, el retraso en la modernización militar implicaría una pérdida de capacidad operativa en materia de الدفاع nacional.

Gremios empresariales y militares también criticaron la medida y reclamaron definiciones claras para evitar mayores costos.

Con el proceso frenado y sin una resolución inmediata, Perú enfrenta un escenario de incertidumbre política, posibles sanciones y un impacto directo en su posicionamiento internacional.

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