La Justicia comercial decretó la quiebra de la empresa
Garbarino y dispuso la liquidación de todos sus activos tras más de cuatro años
de proceso judicial.
La decisión fue tomada por el juez Fernando D’Alessandro,
titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, luego de que fracasaran las
instancias previstas para evitar el cierre definitivo de la compañía.
El tribunal consideró que ya no existen condiciones para
sostener el concurso preventivo iniciado en 2021, debido a la falta de acuerdos
con acreedores y la ausencia de propuestas de inversión para rescatar la
empresa.
Liquidación de activos y bienes
Con la sentencia de quiebra se inicia el proceso de
liquidación del patrimonio de la firma. La sindicatura deberá inventariar los
bienes que aún conserva la compañía para su posterior remate.
Entre los activos se encuentran las marcas comerciales de
la empresa, incluida Compumundo, que todavía poseen valor en el mercado y
podrían ser adquiridas por nuevos inversores interesados en relanzarlas.
También forman parte del proceso las plantas industriales
ubicadas en Tierra del Fuego, conocidas como Tecnosur y Digital Fueguina, que
en su momento estuvieron dedicadas al ensamblado de productos electrónicos.
El fracaso del intento de rescate
La quiebra se produjo tras agotarse el mecanismo legal de
salvataje, conocido como cramdown, que permitía a terceros presentar una
propuesta para asumir el control de la empresa y reorganizar su deuda.
Durante esa etapa no se presentaron ofertas concretas para
rescatar la compañía, lo que llevó al tribunal a avanzar con la liquidación de
sus bienes para intentar cubrir las deudas con acreedores.
El proceso también alcanzará otras unidades de negocio del
grupo, entre ellas la financiera Fiden y la firma Garbarino Viajes, que ya
había sido declarada en quiebra anteriormente.
Una crisis que se extendió durante años
La caída de Garbarino fue el resultado de una crisis
financiera prolongada que comenzó varios años atrás y se profundizó tras la
pandemia.
En su etapa de mayor crecimiento, la cadena llegó a contar
con más de 200 sucursales en todo el país y cerca de 4.500 empleados. Sin
embargo, en los últimos tiempos apenas mantenía tres locales abiertos.
La empresa había sido adquirida en 2020 por el empresario
Carlos Rosales, quien intentó reestructurar la compañía, aunque sin lograr
revertir su situación económica.
Qué pasará ahora con la empresa
Con la quiebra decretada, el proceso judicial continuará
con la venta de activos y la distribución de los fondos obtenidos entre los
acreedores que reclaman pagos desde hace varios años.
El cierre definitivo marca el final de una de las cadenas
de electrodomésticos más reconocidas del país y abre la posibilidad de que sus
marcas o unidades de negocio reaparezcan en el mercado bajo nuevos inversores o
estructuras empresariales.
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