El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, y ahora aguarda su reglamentación y publicación oficial.

La norma crea un sistema específico para adolescentes de 14 a 18 años y generó un fuerte debate político por su alcance y financiamiento.

Qué cambia con la nueva ley

El eje central es la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años al sistema penal, con procedimientos diferenciados respecto de los adultos.

El texto establece principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. También dispone que los menores no podrán compartir espacios judiciales ni penitenciarios con mayores de edad.

El régimen prioriza medidas socioeducativas, tareas comunitarias y reparación del daño, dejando la prisión como recurso limitado a delitos graves y con plazos estrictos.

El debate en el recinto

La iniciativa había sido impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y fue defendida por el oficialismo como una respuesta a delitos cometidos por menores.

Desde el peronismo, en cambio, cuestionaron la constitucionalidad del proyecto y advirtieron que el enfoque es principalmente punitivo.

Senadores opositores señalaron además que el presupuesto asignado —23.700 millones de pesos para las provincias— sería insuficiente para implementar la infraestructura y los equipos técnicos necesarios.

Presupuesto y cuestionamientos

Datos oficiales indican que el monto previsto debería distribuirse entre los 24 distritos del país, lo que, según legisladores opositores, limitaría la capacidad de construcción y adecuación de espacios especializados.

El oficialismo respondió que las provincias también deberán aportar recursos y defendió la norma como una herramienta para garantizar justicia y proteger a las víctimas.

Cómo funcionará el sistema penal juvenil

La ley prevé la creación de órganos judiciales especializados y garantiza que los adolescentes tengan defensa técnica desde el inicio del proceso.

Incorpora la figura de un supervisor judicial para el seguimiento de las sanciones y establece que la libertad condicional requerirá condiciones específicas y control del Ministerio Público Fiscal.

También contempla asistencia a las víctimas, con participación en audiencias y acceso a acompañamiento jurídico y psicológico.

Con la sanción definitiva, el nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia una vez reglamentado por el Poder Ejecutivo. El foco ahora estará en su implementación efectiva en las provincias y en el impacto que pueda tener en el sistema de justicia penal argentino.

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