El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó la
“excepción de falta de acción” presentada por la defensa de Claudio “Chiqui”
Tapia y ratificó la continuidad de la causa por presunta apropiación indebida
de aportes.
La investigación apunta a la falta de ingreso de
retenciones impositivas y previsionales por más de $19.353 millones
correspondientes a distintos períodos fiscales.
Con esta resolución, el expediente penal queda firme y
habilitado para avanzar hacia nuevas instancias procesales.
El argumento de la defensa
La AFA había sostenido que no existía delito porque la
deuda no era “exigible”, en función de resoluciones administrativas que
suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles sin fines de
lucro.
Según la postura defensiva, si el Estado no podía iniciar
juicios de cobro, tampoco podía configurarse el delito penal por no ingresar
los fondos retenidos.
El planteo se apoyó en normas del Ministerio de Economía
que extendieron beneficios fiscales hasta julio de 2026.
La respuesta del juez Amarante
En un fallo de 24 páginas, el magistrado rechazó esa
interpretación y distinguió entre “exigibilidad” y “ejecutabilidad” de la
deuda.
Señaló que la suspensión de ejecuciones fiscales no elimina
el vencimiento de la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.
También remarcó que los delitos tributarios están definidos
por el Congreso y que una resolución administrativa no puede modificar ni dejar
sin efecto normas del Código Penal.
Retenciones no depositadas
La causa investiga presuntas retenciones de IVA, Impuesto a
las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social que habrían sido
descontadas pero no ingresadas al fisco.
El monto total bajo análisis supera los $19.350 millones y
abarca períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El expediente es impulsado por el fiscal Claudio Navas Rial
y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como
querellante.
Qué puede pasar ahora
Con el rechazo del planteo defensivo y la imposición de
costas, la causa penal continúa su curso. Entre los próximos pasos podría
figurar el llamado a indagatoria.
El caso reabre el debate sobre el alcance de los regímenes
de alivio fiscal y su impacto en procesos penales por delitos tributarios.
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