El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica puso en marcha el escrutinio definitivo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2026 y que dieran como ganadora a la politóloga derechista Laura Fernández. El proceso confirmará los resultados preliminares difundidos tras la jornada electoral del domingo.

La revisión alcanza a las papeletas utilizadas en las más de 7.100 juntas receptoras de votos habilitadas en todo el país y constituye una etapa clave para la validación oficial de los comicios.

Un control a cargo del órgano electoral

El escrutinio definitivo es una atribución exclusiva del TSE y se desarrolla bajo protocolos estrictos de legalidad, fiscalización y transparencia. Los magistrados del tribunal encabezan el proceso, asistidos por funcionarios electorales especializados.

Además, fiscales acreditados de los partidos políticos participan como observadores, con acceso a cada instancia del recuento para garantizar el control cruzado del procedimiento.

Cómo se realiza el recuento

Durante el proceso se abren los sacos con el material electoral proveniente de cada mesa de votación. Allí se revisan papeletas, actas, padrones y documentación complementaria para corroborar la correcta contabilización de los sufragios.

Las sesiones se realizan en dos turnos diarios, de lunes a viernes, aunque el tribunal no descarta habilitar jornadas adicionales si el avance del escrutinio lo requiere.

Recuento legislativo, una novedad histórica

Por primera vez, el TSE también realizará el escrutinio definitivo de los votos para diputados. La medida responde a una reforma legal vigente desde diciembre de 2024, que fortaleció el control institucional sobre la elección legislativa.

Con este cambio, Costa Rica se convierte en un caso singular en la región, al aplicar un reconteo completo de los votos parlamentarios más allá de los datos iniciales de las mesas.

Plazos y seguimiento ciudadano

El Código Electoral establece un plazo máximo de 30 días para concluir el escrutinio presidencial y de hasta 60 días para el recuento de diputaciones, debido a su mayor complejidad.

El tribunal informó que el proceso puede seguirse en tiempo real a través de transmisiones oficiales, como parte de su política de acceso público y transparencia electoral.

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