El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer un acuerdo presupuestario que permite terminar con el cierre parcial del gobierno federal iniciado el sábado pasado.

La iniciativa, respaldada por un delicado equilibrio entre republicanos y demócratas, fue sancionada por la Cámara de Representantes y enviada al presidente Donald Trump, quien adelantó que la firmará de inmediato.

Votación ajustada y acuerdo bipartidista

El proyecto obtuvo 217 votos a favor y 214 en contra en la Cámara baja, controlada por los republicanos. Hubo disidencias en ambos bloques, reflejo de las tensiones internas que atravesaron la negociación.

El Senado ya había dado luz verde al texto la semana anterior, lo que permitió acelerar su aprobación final y evitar que el cierre se prolongara.

Qué incluye el paquete aprobado

El presupuesto contempla un gasto total de 1,2 billones de dólares y garantiza financiamiento para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de septiembre.

Áreas clave como defensa, salud, educación y vivienda retomarán su funcionamiento normal. En cambio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrá fondos solo hasta el 13 de febrero.

El foco del conflicto: inmigración y seguridad

El financiamiento parcial del DHS dejó abierto el principal punto de conflicto entre oficialismo y oposición. Los demócratas exigen límites a ciertas prácticas migratorias tras la muerte de dos ciudadanos durante operativos federales en Mineápolis.

En ese contexto, la secretaria de Seguridad Nacional anunció el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes, medida que comenzará en esa ciudad y se extenderá a nivel nacional.

Presión política y plazos clave

El presidente Trump presionó a los legisladores republicanos para sostener el acuerdo y evitar un nuevo cierre prolongado, como el ocurrido el año pasado.

Ahora, el Congreso tendrá dos semanas para negociar el presupuesto definitivo del DHS, en un clima de fuerte polarización política.

Con la reapertura del gobierno federal, Estados Unidos gana tiempo para evitar una nueva parálisis institucional, aunque el debate migratorio anticipa nuevas tensiones en el corto plazo.

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