La Argentina volvió a marcar límites en el juicio por la expropiación de YPF. Ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el Estado rechazó entregar información sobre la ubicación y el uso del oro del Banco Central, tal como reclamaron los beneficiarios del fallo.

La presentación fue realizada ante la jueza Loretta Preska, quien lleva el caso por la estatización de la petrolera en 2012, y responde a un pedido impulsado por Burford Capital, principal acreedor de la sentencia.

El argumento central del Gobierno

Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, el Ejecutivo sostuvo que las reservas de oro pertenecen al Banco Central y que el Tesoro no tiene acceso a esa información por tratarse de un ente independiente.

En ese marco, también fue rechazado el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare sobre el tema. No obstante, el Gobierno informó que cursará un requerimiento formal al BCRA.

Autonomía del Banco Central y límites legales

Desde la Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado, remarcaron que la legislación argentina establece la autarquía del Banco Central y la inmunidad de sus reservas frente a embargos.

Las fuentes oficiales afirmaron que el país ya cumplió con un proceso de discovery “extenso y de buena fe”, en el que se entregaron más de 113.000 páginas de documentación y testimonios de funcionarios.

El avance de Burford y la presión judicial

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión. En diciembre, Burford Capital pidió que la Argentina sea declarada en desacato y solicitó sanciones, multas diarias millonarias y la posibilidad de considerar al Estado como alter ego de organismos como el BCRA, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El objetivo es facilitar eventuales embargos para ejecutar un fallo que ya asciende a unos USD 18.000 millones, tras la suma de intereses.

Próximas audiencias y estrategia oficial

Este jueves se realizará una audiencia prevista con anterioridad al pedido de sanciones. Desde la Procuración anticiparon que la postura argentina será “más firme e intransigente”, apelando a la razonabilidad del tribunal.

Burford podrá presentar un nuevo descargo el 19 de febrero, mientras que la discusión sobre posibles sanciones quedaría para fines de marzo.

Un litigio con impacto económico y político

En el Gobierno sostienen que los acreedores buscan acelerar la ejecución del fallo ante la posibilidad de que la Corte de Apelaciones lo revierta. También recuerdan que Burford adquirió los derechos del litigio por apenas USD 16 millones y aspira a cobrar una suma miles de veces superior.

Para la defensa argentina, el caso no solo tiene implicancias legales, sino también un fuerte impacto económico que, advierten, recaería sobre los contribuyentes.

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