El Gobierno de Salta implementará exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos provinciales, tras la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia por parte del gobernador Gustavo Sáenz.

La medida alcanza a los tres poderes del Estado y también a quienes aspiren a ingresar a la administración pública, con controles aleatorios y consecuencias directas ante resultados positivos.

Alcance en los tres poderes del Estado

Según se informó oficialmente, el decreto incluye al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin excepciones. Están alcanzados el gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios, así como senadores, diputados, magistrados y miembros del Ministerio Público.

También se aplicará a intendentes, concejales, entes autárquicos, organismos de control y a quienes postulen para cargos en áreas sensibles como salud, seguridad y educación.

Controles sorpresivos y sustancias detectadas

Los exámenes se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva en los lugares de trabajo. Buscarán detectar cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas.

Desde el Ejecutivo aclararon que el procedimiento respetará la privacidad y el debido proceso, incluyendo la posibilidad de solicitar contrapruebas en laboratorios habilitados.

Consecuencias ante resultados positivos

El decreto establece que la negativa injustificada a realizar el examen será considerada como resultado positivo. En esos casos, los funcionarios podrán ser removidos del cargo o enfrentar procesos de destitución, según corresponda.

Para los aspirantes a ingresar al Estado, un resultado positivo impedirá directamente su incorporación a la función pública.

Transparencia y debate institucional

La vocera del Gobierno, Ana Paula Benavides, señaló que la decisión apunta a garantizar la idoneidad y la aptitud física y psicológica de quienes ejercen responsabilidades públicas.

Si bien aún restan definir aspectos operativos como la periodicidad de los controles, la medida ya impactó en la agenda política provincial y reavivó el debate sobre transparencia, control y responsabilidad en la función pública.

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