El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó ante la Justicia bonaerense para denunciar una presunta maniobra de extorsión en su contra, que involucraría a un empresario del sector de fotomultas y a dirigentes de la Coalición Cívica (CC).

La denuncia quedó radicada en el Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro y se da en el marco de una investigación paralela que tiene como principal acusado a Matías Yofe, uno de los referentes de la CC que impulsó denuncias recientes contra la conducción de la AFA.

El origen del conflicto

Según consta en un escrito de más de 20 páginas, Tapia sostuvo que las acusaciones públicas y judiciales sobre su patrimonio no fueron espontáneas, sino una represalia por haber bloqueado un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas.

El presidente de la AFA explicó que el conflicto se remonta a su rol como director en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE), donde se negó a autorizar la instalación y el recambio de cámaras de infracciones viales en predios bajo su órbita.

Presiones y amenazas denunciadas

De acuerdo con la presentación judicial, el empresario Leandro Camani —a través de la firma Secutrans S.A.— buscaba ampliar su participación en la recaudación de multas en la provincia de Buenos Aires.

Tras la negativa, Tapia afirmó haber recibido mensajes intimidatorios, directos e indirectos, en los que se le advirtió que, si no habilitaba el negocio, enfrentarían denuncias penales y una ofensiva mediática en su contra.

El rol de dirigentes de la Coalición Cívica

Tapia apuntó específicamente contra Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso, a quienes señaló como “ejecutores instrumentales” de una estrategia diseñada por Camani.

Las denuncias promovidas por ambos dirigentes están vinculadas a la presunta compra de una mansión en Pilar mediante testaferros, una acusación que el titular de la AFA considera parte de la maniobra extorsiva.

Medidas solicitadas a la Justicia

Como parte de la denuncia, Tapia pidió allanamientos en domicilios y oficinas de los involucrados, además del secuestro de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos para analizar comunicaciones y registros digitales.

También solicitó pericias informáticas y ofreció el testimonio de dos testigos que habrían presenciado las amenazas, quienes declararían bajo identidad reservada por temor a represalias.

Impacto institucional y próximos pasos

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Tapia, afirmó que el uso del sistema judicial y la exposición mediática como herramientas de presión “configura un problema jurídico grave”.

La causa ahora avanza en el ámbito judicial, donde se evaluará la existencia de la presunta extorsión y las responsabilidades individuales de los denunciados.

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