El Senado obtuvo el dictamen de mayoría para la reforma laboral impulsada por el Gobierno, aunque su tratamiento en el recinto fue postergado hasta febrero de 2026. La definición se alcanzó tras una negociación tensa entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, mientras otras iniciativas clave, como el Presupuesto 2026, avanzan con un calendario más inmediato.

El acuerdo se cerró en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, luego de una jornada marcada por idas y vueltas que incluyeron un momento de virtual quiebre en las conversaciones al mediodía. Finalmente, el oficialismo aceptó introducir cambios y abrir un período de revisión durante enero, lo que permitió rubricar el dictamen y diferir el debate final para el inicio del próximo año legislativo. La misma dinámica se aplicó a la ley de glaciares, que también quedó con despacho pero sin fecha cercana de discusión.

La situación no se explica de manera aislada. En la madrugada, la Cámara de Diputados había aprobado el Presupuesto 2026 en un trámite conflictivo y sin un capítulo central que pretendía el Ejecutivo. A ese escenario se sumó el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación, que tensó la relación entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas del Congreso, al evidenciar acuerdos cruzados que generaron malestar interno.

El impacto inmediato del entendimiento es político y legislativo. El Gobierno evita una ruptura con aliados circunstanciales en el Senado y asegura el dictamen necesario para sostener la reforma laboral como prioridad de su agenda. Al mismo tiempo, los bloques dialoguistas ganan tiempo para revisar el texto y limitar un tratamiento acelerado. En paralelo, el Ejecutivo confía en que el despacho del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal avance este viernes, con la expectativa de sancionarlos el 26 de diciembre, antes del cierre del período extraordinario.

De cara a los próximos meses, el escenario queda abierto. Enero funcionará como etapa de negociación técnica y política sobre la reforma laboral, con riesgos de nuevas tensiones si no se logran consensos más amplios. La definición de febrero será clave para medir la capacidad del oficialismo de sostener mayorías frágiles en el Senado y para ordenar una agenda legislativa que combina urgencias fiscales con reformas estructurales pendientes.

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