El oficialismo logró en la madrugada de hoy la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados, pero sufrió un revés significativo al no conseguir la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El resultado expuso los límites de la estrategia parlamentaria del Gobierno y anticipa un debate complejo en el Senado, donde ahora se definirá el futuro del primer presupuesto de la gestión de Javier Milei.

La aprobación en general fue posible gracias a un entramado de acuerdos con bloques aliados y provinciales, que permitió al Ejecutivo avanzar con un plan de gastos tras dos años de prórrogas del Presupuesto 2023. Sin embargo, esa mayoría se mostró frágil al momento de votar artículos sensibles. El rechazo del artículo 75, que proponía eliminar las emergencias en discapacidad y universidades, marcó una derrota política que alteró el equilibrio de la sesión y condicionó el tramo final del debate.

El proyecto oficial prevé para 2026 un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio cercano a los $1.423 hacia fin de año. También proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, además de la eliminación de metas mínimas de financiamiento en áreas como educación, ciencia y defensa. Desde sectores opositores y algunos aliados cuestionaron la consistencia de esas proyecciones y advirtieron sobre su impacto en políticas sociales y servicios públicos.

El núcleo del conflicto se concentró en la votación en particular. Parte de los bloques que habían acompañado al oficialismo en la aprobación general se desmarcaron al tratar el artículo 75, lo que derivó en su rechazo junto con un capítulo que incluía, además, la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario para el Poder Judicial. La maniobra de agrupar esos temas en un mismo capítulo no prosperó y terminó amplificando el costo político para el Gobierno.

El resultado mantiene vigentes las leyes de emergencia en discapacidad y el esquema de financiamiento universitario, dos áreas que movilizan apoyos transversales en el Congreso y en las provincias. Al mismo tiempo, deja en suspenso definiciones clave sobre la relación fiscal con la Ciudad de Buenos Aires y sobre recursos para el sistema judicial, que deberán ser reabiertas en la Cámara alta.

De cara a los próximos pasos, el Senado aparece como un escenario de negociación intensa. El oficialismo buscará introducir modificaciones para revertir el traspié y reenviar el texto a Diputados, mientras los gobernadores y bloques dialoguistas evaluarán el costo político de sostener o modificar sus posiciones. El debate presupuestario, lejos de cerrarse con la media sanción, abrió una nueva etapa de discusión sobre el alcance del ajuste fiscal y sus límites legislativos.

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