Estados Unidos amplió su ofensiva contra el entramado económico del chavismo con una nueva ronda de sanciones que vuelve a poner en el centro a los familiares más cercanos del dictador Nicolás Maduro y a empresas que operan en el negocio del crudo venezolano.

El Departamento del Tesoro incorporó nuevamente a los llamados “narcosobrinos” de Cilia Flores y a Carlos Erik Malpica Flores, figuras que habían recuperado margen de acción tras alivios temporales otorgados durante la administración Biden. Según Washington, retomaron actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas y desviación de fondos públicos.

La medida también golpeó a un empresario panameño asociado a operaciones petroleras y a seis navieras que, de acuerdo con la OFAC, manipularon rutas y señales de sus buques para transportar petróleo venezolano hacia Asia burlando los controles internacionales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el objetivo es frenar los recursos que sostienen el aparato político del régimen en Caracas. La decisión implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier transacción con los sancionados.

Con este movimiento, Washington busca cerrar el margen de maniobra del régimen y presionar por cambios concretos en materia democrática, un terreno donde las negociaciones anteriores no lograron avances duraderos.

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