El Poder Ejecutivo dio inicio al debate legislativo de su
reforma laboral, un paquete de cambios que promete alterar de forma profunda el
sistema de empleo. La propuesta introduce nuevos mecanismos para afrontar
despidos, aggiorna herramientas de control sindical y apunta a impulsar el
trabajo registrado.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de
Asistencia Laboral, destinado a cubrir indemnizaciones mediante un aporte
mensual empresarial del 3%. El Gobierno sostiene que esta herramienta aliviará
a las PyMEs y evitará quiebras vinculadas a costos de desvinculación.
La iniciativa también incorpora modificaciones que reducen
funciones históricas de los sindicatos. Entre ellas, la eliminación de la
obligación de las empresas de actuar como agentes de retención de las cuotas de
afiliación, un cambio que obliga a los gremios a desarrollar nuevos sistemas de
cobro.
En paralelo, se plantean ajustes judiciales para unificar
criterios sobre juicios laborales, incluyendo la aclaración de que el aguinaldo
no integra el cálculo indemnizatorio, un punto que solía generar fallos
contradictorios entre jurisdicciones.
Para el Gobierno, la reforma permitirá aumentar la
formalidad laboral y mejorar la productividad. Aunque no proyecta cifras,
confía en que el nuevo marco legal estimulará la contratación y reducirá los
litigios que afectan al sector privado.
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