El juicio por la expropiación de YPF volvió a tensar la relación entre el Gobierno argentino y el fondo Burford Capital, que ahora exige acceder a comunicaciones personales —celulares, WhatsApps y documentos— de 21 funcionarios y exfuncionarios nacionales: Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023) Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025) Carlos Jorge Guberman, Secretario del Tesoro María Carmen Tettamanti, Secretaria de Energía Mariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento Energético Franco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de Transporte Luis Octavio Pierrini, Secretario de Transporte Hernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte Aéreo Jose Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política Económica Horacio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles Líquidos Susana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito Público Jorge Horacio Domper, Tesorero General de la Nación Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de Energía Luís Francisco De Ridder, ex Subsecretario de Hidrocarburos Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete Damián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento Energético Antonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento Energético Guillermo Alberto Francos, ex Jefe de Gabinete Eduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de Energía Maggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de Hidrocarburos A estos se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos Sergio Tomás Massa (ex Ministro de Economía), Agustín Oscar Rossi (ex Jefe de Gabinete), Flavia Gabriela Royón (ex Secretaria de Energía) y otros responsables de áreas vinculadas a las entidades estatales investigadas.

Estos pedidos forman parte de la fase de “Discovery” ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.

El bufete sostiene que esta información es clave para demostrar una supuesta relación de “alter ego” entre la Argentina y empresas estatales como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentinas. Esa figura, de probarse, habilitaría al fondo a avanzar sobre activos estratégicos para cobrar la sentencia de USD 18.000 millones dictada en 2023.

En las cartas enviadas a la magistrada, Burford acusa al Estado argentino de entregar solo una fracción mínima de los mensajes solicitados y de demorar la producción de pruebas relevantes. Señala además que algunos funcionarios utilizan WhatsApp para asuntos oficiales, por lo que sus comunicaciones deberían considerarse información pública bajo legislación estadounidense.

El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, rechazó esa interpretación y argumentó que ya realizó un esfuerzo significativo para recolectar información de dispositivos personales. Agregó que la negativa de seis funcionarios —entre ellos Luis Caputo y Pablo Quirno— se ampara en derechos reconocidos por la normativa argentina sobre privacidad y datos personales.

Mientras toda la correspondencia presentada ante Preska deja en evidencia un desacuerdo persistente, Burford insiste en que el país está en incumplimiento y reclama la entrega completa de las comunicaciones. La Argentina, por su parte, sostiene que el fondo sobredimensiona el alcance del discovery e intenta forzar la teoría del “alter ego” a pesar de fallos previos que la desestimaron.

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