El Gobierno nacional está ultimando los detalles de su estrategia jurídica para vetar las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad, aprobadas recientemente en el Congreso. El Ejecutivo descarta la judicialización previa al veto y, en cambio, se enfocará en cuestionar la validez de la sesión en el Senado que dio luz verde a ambas iniciativas.

Los equipos técnicos de la Casa Rosada, liderados por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, están elaborando los argumentos para respaldar los vetos. Una de las tácticas en evaluación es demorar la oficialización de los rechazos hasta el décimo día hábil después de la sanción, es decir, el 24 de julio, con el fin de dilatar los procesos.

En Balcarce 50, sede del Poder Ejecutivo, se mantiene la firme postura de agotar todas las instancias para evitar la erogación presupuestaria que implicarían estas leyes antes de las próximas elecciones legislativas. "Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar", afirman desde el oficialismo, mientras el jefe de gabinete, Guillermo Francos, negocia con gobernadores y aliados para asegurar los 86 votos necesarios en Diputados para sostener los vetos.

La estrategia principal del Gobierno se basa en argumentar la ilegalidad de la autoconvocatoria del Senado, respaldándose en el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que atribuye al Presidente la facultad de convocar sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias.

Otro pilar de la argumentación oficial es el impacto fiscal de las medidas. El Ejecutivo ya ha utilizado este argumento en vetos anteriores, como se expresa en el decreto 782/2024: "El proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento". La Casa Rosada sostiene que las fuentes de financiamiento contempladas por las leyes no cubren más del 15% de los fondos necesarios para su ejecución, apelando a la Ley de Administración Financiera que exige especificar los recursos para financiar gastos no previstos en el presupuesto.

Finalmente, el Gobierno reafirma que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la herramienta primordial para la planificación gubernamental y que es atribución de Nación fijar el presupuesto. Además, argumenta que las iniciativas implican un "agravamiento del estado de emergencia del sistema previsional".