La historia de Antonio Miranda, un albañil de Formosa, se convirtió en un símbolo de la lucha del ciudadano común contra las grandes corporaciones. Hace tres años, el 7 de julio de 2022, Antonio apostó $6.000 en una máquina tragamonedas del Casino de Río Gallegos y vio cómo la pantalla anunciaba un premio de $100 millones. Sin embargo, su alegría se desvaneció rápidamente cuando la gerencia del casino se negó a pagarle, argumentando que la máquina estaba "defectuosa" y que era "imposible que pagara esa cifra".

Antonio, quien trabajaba en la construcción y conocía el valor del sacrificio, no se resignó. Gracias al consejo de otro apostador, logró fotografiar la pantalla con el premio, una prueba crucial que más tarde sería fundamental. El casino, por su parte, le devolvió únicamente los $6.500 que figuraban como saldo y apagó la máquina, evadiendo cualquier explicación sobre el supuesto error.

Un año después, el 6 de septiembre de 2023, Antonio, representado por el abogado Gustavo Insaurralde, inició acciones legales contra el casino. La demanda exigía el pago íntegro del premio, argumentando que su cliente no había manipulado el sistema y había jugado bajo las reglas de la Lotería de Santa Cruz. La defensa de Miranda solicitó el análisis de las cámaras de seguridad y una pericia sobre la máquina, pero descubrió que las filmaciones habían sido borradas y la cámara que apuntaba a la máquina, retirada.

Ante la insistencia de Antonio, el casino ofreció inicialmente una "compensación" de $200.000, una cifra irrisoria que fue rechazada. A medida que el proceso judicial avanzaba, la situación personal de Antonio se complicó: sufrió un grave accidente, perdió su empleo y tuvo que volver a su ciudad natal, Piedra Buena, para cuidar a su madre enferma.

Según el abogado Insaurralde, a pesar de tener pruebas sólidas, el juicio podría haberse extendido por "entre 7 y 8 años". Consciente de la delicada situación de su cliente, un día antes de la audiencia clave, el casino elevó su oferta, aunque "lejos de los $100 millones". Antonio aceptó el acuerdo, cuyo monto exacto se mantiene en confidencialidad por una cláusula impuesta por el casino. El acuerdo se homologó en julio de 2024 y el pago se realizó en cuotas, finalizando en septiembre de 2024. Poco después de firmar, la madre de Antonio falleció.

Aunque el casino argumentó que Antonio buscaba una "suma exorbitante de manera ilegítima", la resolución judicial, que los medios locales han intentado descifrar, sugiere que Antonio apenas pudo comprar un terreno en Piedra Buena, donde sigue trabajando como albañil.

La historia de Antonio Miranda es un claro ejemplo de que, a veces, la reparación económica llega tarde y a medias, dejando a su paso secuelas que no se miden en billetes. La verdad sobre la supuesta "falla en el sistema" de la máquina tragamonedas sigue siendo un misterio, sin embargo este caso resalta los desafíos que enfrentan los individuos cuando se topan con los poderosos intereses de las grandes empresas y las limitaciones de los tiempos judiciales.