En un frente común sin precedentes, los gobernadores de todas las provincias y el jefe de Gobierno porteño firmaron un proyecto de ley para redistribuir el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La propuesta, que busca eliminar los fondos fiduciarios actualmente financiados por este impuesto y destinar el dinero a las provincias bajo el criterio de la coparticipación, será presentada en el Congreso. Los mandatarios advierten que la iniciativa cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobada por mayoría absoluta, lo que dificultaría un posible veto presidencial.

Un reclamo por más recursos y federalismo

La medida surge en medio de la "carrera electoral" y la "crisis económica" que afecta tanto al Gobierno Nacional como a las provincias. El texto del proyecto establece que los fondos del ICL se distribuyan entre Nación y las 24 jurisdicciones, permitiendo a cada una destinar esos recursos según sus propias prioridades. Además, propone que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya según la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548.

Los gobernadores, incluidos algunos que han sido aliados clave de Milei en el Congreso para la aprobación de la Ley Bases y la contención de vetos, argumentan que esta propuesta "no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales" y, por el contrario, "generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos". Esta acción es vista como un llamado de atención al Gobierno, al que le piden que "abra la canilla" en un año electoral.

La respuesta del Gobierno y la disputa por la obra pública

Desde el Gobierno, se ha desestimado el reclamo, asegurando que los ATN están en "niveles récord". Asimismo, se presiona para trasladar a las provincias la responsabilidad de las obras en rutas nacionales. Los gobernadores, por su parte, señalan que el Gobierno nacional no se está haciendo cargo de las rutas incluso cobrando el impuesto y que, sin recursos, ya están asumiendo obras de jurisdicción nacional.

El encuentro que dio origen a este consenso reunió en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a dieciocho gobernadores presencialmente, dos por videoconferencia (Gildo Insfrán de Formosa y Gustavo Valdés de Corrientes), y a los vicegobernadores de Chaco, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz.