El Gobierno nacional ha deslizado su intención de vetar la ley que crea un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca. Esta iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado el 7 de mayo y fue aprobada en Diputados el 4 de junio con un amplio apoyo, tiene su fecha límite para el rechazo este lunes. Aunque no descartan un veto parcial, la postura oficial es clara.
Desde la Casa Rosada, el argumento principal es que ya
impulsaron, el 1 de abril, la creación de un fondo de $200.000 millones con la
misma finalidad, administrado por la Agencia Federal de Emergencias, bajo la
órbita del Ministerio de Seguridad. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, más de
$100.000 millones ya fueron distribuidos, y el sobrante se destinó a otros
municipios afectados por inundaciones, como Zárate y Campana.
El Gobierno reconoce que podría no vetar la declaración de
emergencia de Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días, ya que esta medida
no implica la utilización de fondos públicos. Sin embargo, mantienen la firme
postura de rechazar cualquier medida que "atente contra el equilibrio
fiscal". "Nación ya se hizo cargo de la asistencia en el momento del
desastre. El Congreso llega tarde", expresan desde el oficialismo.
El proyecto de ley fue impulsado por senadores de Unión por
la Patria, Unión Cívica Radical y Cambio Federal, y contó con el respaldo de
diversas fuerzas en Diputados, con la única oposición de los legisladores de La
Libertad Avanza. La propuesta busca crear un fondo especial en la Jefatura de
Gabinete para "atender los daños ocurridos en ocasión de la
emergencia", destinando subsidios y créditos para la reconstrucción de
infraestructura edilicia pública y privada, así como para la normalización de
servicios públicos. También contempla asistencia para pequeñas y medianas
empresas afectadas y un período de gracia de 180 días en contratos y
operaciones financieras para los damnificados que perdieron su fuente de
ingreso.
Además de esta ley, el Gobierno ha confirmado que vetará el
aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad en caso de que logren
sanción completa en el Senado. Por ello, buscará negociar con bloques y
gobernadores aliados para asegurar los votos necesarios y sostener los vetos en
la Cámara de Diputados.